España y Francia rechazan cualquier negociación con ETA

A poco menos de un año desde que ETA anunciara el fin de su actividad armada, el actual Gobierno español ha mostrado pocos signos de flaqueza y ha reforzado una y otra vez su posición de que "nunca" negociará con la organización armada y que lo único que quieren escuchar de ETA es el anuncio de su "disolución". Rajoy, en la oposición cuando llegó el anuncio de ETA, ya advirtió el mismo día del anuncio de que "la tranquilidad solo será completa con la disolución de ETA".

El Gobierno del PP ha buscado trasladar el mensaje de que ETA "ha sido vencida" o "derrotada". También el anterior Ejecutivo aseguró, en boca del entonces ministro Antonio Camacho, que "sin Policía y sin Guardia Civil, ETA no estaría derrotada".

No negociará

A pesar de las peticiones que desde ETA, a través de varios comunicados, y partidos políticos (integrantes de EH Bildu y participantes en la conferencia de Aiete) hicieron llegar al Gobierno para dialogar, Rajoy no ha dado un paso atrás y, ante esas peticiones, ha seguido poniendo como condición previa a cualquier paso la "disolución".

El Gobierno francés también fue interpelado por ETA, y este (liderado entonces por Sarkozy) también respondió que lo que espera de ETA es que "anuncie un desarme completo".

En cualquier caso, durante este año no todos los mensajes han sido igual de monolíticos desde las filas del Gobierno popular. Así, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz llegó a asegurar que ETA tiene "una dimensión política que no podemos obviar", declaraciones que fueron seguidas de numerosas interpretaciones. No obstante, este mensaje fue modulado con posterioridad y en la actualidad todo el Ejecutivo mantiene una posición firme ante cualquier posibilidad de abrir una negociación.

Diálogo

El Gobierno ha rechazado cualquier intento de abrir el diálogo a las fuerzas políticas vascas, y únicamente ha mantenido un encuentro con el lehendakari Patxi López para conocer la opinión de las instituciones vascas. A pesar de las declaraciones de la izquierda abertzale rechazando la actividad armada y mostrando su pesar por el daño causado, el Gobierno ha seguido con el discurso previo al anuncio de ETA y continúa pidiendo a la izquierda abertzale, y a Amaiur en el Congreso, "una clara condena" para sentarse a hablar.

La Conferencia de paz y el Grupo de verificación

En su momento, antes del anuncio de ETA, el PP rechazó participar en la conferencia de paz de Aiete. En aquella conferencia participaron todos los partidos menos el PP.

En la conferencia estuvo, entre los expertos internacionales, el abogado sudafricano Brian Currin, portavoz del Grupo Internacional de Contacto (formado por expertos internacionales en conflictos). Este grupo pretendía ser el puente entre los gobiernos y ETA, pero desde el primer momento el Gobierno de Rajoy rechazó el papel de este grupo y se negó a reunirse con ellos.

El mismo Currin impulsó la Comisión de Verificación de alto el fuego, a la que ETA mostró su disposición de colaborar. El Gobierno español, sin embargo, no da ningún tipo de legitimidad a este grupo, y se ha limitado a decir que la "única verificación la hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Política penitenciaria

Pese a mantener que ETA no se ha disuelto, el Gobierno español, en coordinación con el Vasco, ha reducido considerablemente el número de escoltas, al entender que la amenaza ha disminuido.

En la política penitenciaria también ha habido cambios. El Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca en lugar para rehabilitar a los presos de ETA, dándoles la posibilidad de conseguir el tercer grado. Pero solo se han acogido una treintena de presos de los 600 que tiene ETA.

En ese sentido, también lanzó un plan para la reinserción de los presos de ETA.

Pero tampoco se puede decir que el Gobierno haya cambiado sustancialmente su política penitenciaria. Así lo demuestran los intentos por parte del Gobierno, a través de la Fiscalía, de que el preso Uribetxebarria no fuese liberado o el recurso que recientemente ha presentado ante el Tribunal de Estrasburgo respecto a la 'doctrina Parot'.

Víctimas

En esas decisiones han tenido un gran peso las víctimas de ETA, que se han levantado ante cualquier atisbo de apertura en la política carcelaria, y el Gobierno ha tenido que hacer equilibrios, entre la necesidad de dar pasos y la presión de las víctimas.

Durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, el ministro del Interior se comprometió ante las víctimas a no negociar "jamás" con ETA.

Respecto al plan de reinserción, la AVT denunció que fue una "cesión a ETA" y anunció una campaña contra dicho plan, que generó gran descontento en la opinión pública española.

Ley de partidos

Tras ocho años de ilegalización, la legalización de la izquierda abertzale, de Sortu, llegó en junio, y el Gobierno mostró su "discrepancia" hacia dicha sentencia del Tribunal Constitucional. Con lo que, pese a lo que diga la ley, no contemplan entablar relación alguna con la izquierda abertzale sin que esta condene a ETA. Así se lo hizo saber el ministro del Interior también a la coalición Amaiur en el Congreso.

A poco menos de un año desde que ETA anunciara el fin de su actividad armada, el actual Gobierno español ha mostrado pocos signos de flaqueza y ha reforzado una y otra vez su posición de que "nunca" negociará con la organización armada y que lo único que quieren escuchar de ETA es el anuncio de su "disolución". Rajoy, en la oposición cuando llegó el anuncio de ETA, ya advirtió el mismo día del anuncio de que "la tranquilidad solo será completa con la disolución de ETA".El Gobierno del PP ha buscado trasladar el mensaje de que ETA "ha sido vencida" o "derrotada". También el anterior Ejecutivo aseguró, en boca del entonces ministro Antonio Camacho, que "sin Policía y sin Guardia Civil, ETA no estaría derrotada".No negociaráA pesar de las peticiones que desde ETA, a través de varios comunicados, y partidos políticos (integrantes de EH Bildu y participantes en la conferencia de Aiete) hicieron llegar al Gobierno para dialogar, Rajoy no ha dado un paso atrás y, ante esas peticiones, ha seguido poniendo como condición previa a cualquier paso la "disolución". El Gobierno francés también fue interpelado por ETA, y este (liderado entonces por Sarkozy) también respondió que lo que espera de ETA es que "anuncie un desarme completo". En cualquier caso, durante este año no todos los mensajes han sido igual de monolíticos desde las filas del Gobierno popular. Así, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz llegó a asegurar que ETA tiene "una dimensión política que no podemos obviar", declaraciones que fueron seguidas de numerosas interpretaciones. No obstante, este mensaje fue modulado con posterioridad y en la actualidad todo el Ejecutivo mantiene una posición firme ante cualquier posibilidad de abrir una negociación.DiálogoEl Gobierno ha rechazado cualquier intento de abrir el diálogo a las fuerzas políticas vascas, y únicamente ha mantenido un encuentro con el lehendakari Patxi López para conocer la opinión de las instituciones vascas. A pesar de las declaraciones de la izquierda abertzale rechazando la actividad armada y mostrando su pesar por el daño causado, el Gobierno ha seguido con el discurso previo al anuncio de ETA y continúa pidiendo a la izquierda abertzale, y a Amaiur en el Congreso, "una clara condena" para sentarse a hablar.La Conferencia de paz y el Grupo de verificaciónEn su momento, antes del anuncio de ETA, el PP rechazó participar en la conferencia de paz de Aiete. En aquella conferencia participaron todos los partidos menos el PP. En la conferencia estuvo, entre los expertos internacionales, el abogado sudafricano Brian Currin, portavoz del Grupo Internacional de Contacto (formado por expertos internacionales en conflictos). Este grupo pretendía ser el puente entre los gobiernos y ETA, pero desde el primer momento el Gobierno de Rajoy rechazó el papel de este grupo y se negó a reunirse con ellos.El mismo Currin impulsó la Comisión de Verificación de alto el fuego, a la que ETA mostró su disposición de colaborar. El Gobierno español, sin embargo, no da ningún tipo de legitimidad a este grupo, y se ha limitado a decir que la "única verificación la hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".Política penitenciariaPese a mantener que ETA no se ha disuelto, el Gobierno español, en coordinación con el Vasco, ha reducido considerablemente el número de escoltas, al entender que la amenaza ha disminuido.En la política penitenciaria también ha habido cambios. El Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca en lugar para rehabilitar a los presos de ETA, dándoles la posibilidad de conseguir el tercer grado. Pero solo se han acogido una treintena de presos de los 600 que tiene ETA.En ese sentido, también lanzó un plan para la reinserción de los presos de ETA.Pero tampoco se puede decir que el Gobierno haya cambiado sustancialmente su política penitenciaria. Así lo demuestran los intentos por parte del Gobierno, a través de la Fiscalía, de que el preso Uribetxebarria no fuese liberado o el recurso que recientemente ha presentado ante el Tribunal de Estrasburgo respecto a la 'doctrina Parot'.VíctimasEn esas decisiones han tenido un gran peso las víctimas de ETA, que se han levantado ante cualquier atisbo de apertura en la política carcelaria, y el Gobierno ha tenido que hacer equilibrios, entre la necesidad de dar pasos y la presión de las víctimas.Durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, el ministro del Interior se comprometió ante las víctimas a no negociar "jamás" con ETA.Respecto al plan de reinserción, la AVT denunció que fue una "cesión a ETA" y anunció una campaña contra dicho plan, que generó gran descontento en la opinión pública española.Ley de partidosTras ocho años de ilegalización, la legalización de la izquierda abertzale, de Sortu, llegó en junio, y el Gobierno mostró su "discrepancia" hacia dicha sentencia del Tribunal Constitucional. Con lo que, pese a lo que diga la ley, no contemplan entablar relación alguna con la izquierda abertzale sin que esta condene a ETA. Así se lo hizo saber el ministro del Interior también a la coalición Amaiur en el Congreso.