Miguel Sanz, el cuarto presidente navarro imputado

El expresidente de UPN y del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, a quien se investiga por el cobro de dietas supuestamente irregulares en Caja Navarra (CAN), se ha convertido este viernes en el cuarto presidente navarro que acude a los tribunales como imputado en la etapa democrática, tras los socialistas Gabriel Urralburu y Javier Otano y el regionalista Jaime Ignacio del Burgo.

El primer presidente imputado fue Jaime Ignacio del Burgo (PP), presidente de la Diputación Foral de Navarra, el órgano anterior al Gobierno Foral, de 1979 a 1980.

Del Burgo fue destituido como presidente de la Diputación por el caso FASA.

Siendo presidente de la Diputación Foral, esta institución concedió en 1979 un crédito de 81 millones de pesetas (499.000 euros) a la empresa FASA de Altsasu, de la que el propio Del Burgo era accionista. El objetivo del crédito era que la compañía sufragase los sueldos de los trabajadores y las inversiones, pero, en cambio, fue utilizado para pagar deudas.

Del Burgo no informó al Parlamento de su condición de avalista de la compañía y fue imputado, pero no llegó a ser procesado.

El siguiente imputado fue Gabriel Urralburu, secretario general del PSN e investido presidente del Gobierno foral en 1984, cargo que ejerció hasta que, tras las elecciones autonómicas de 1991, pasó a la oposición del Gobierno navarro encabezado por Juan Cruz Alli (UPN).

Fue en junio de 1994 cuando, al trascender datos sobre su presunto enriquecimiento ilícito, renunció a su reelección como secretario general del PSN y cedió el testigo a Javier Otano, quien con el tiempo se convirtió en el segundo presidente navarro imputado por un juez.

Urralburu fue condenado, junto a su esposa y otros dirigentes socialistas, a cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público, así como a una multa de 780 millones de pesetas, por delitos de cohecho y contra la Hacienda foral al considerar probado que el grupo acordó repartirse el dinero que consiguieron de las empresas constructoras por las adjudicaciones de obras públicas en Navarra.

Por su parte, Javier Otano fue elegido en 1995 presidente de un Gobierno en el que participaban PSN, CDN y EA, pero un año después dimitió de todas sus responsabilidades políticas a consecuencia de las investigaciones abiertas por un juzgado de Pamplona/Iruña acerca de una cuenta abierta en 1991 en Suiza con unos 200 millones de pesetas, presuntamente relacionada con la trama del "caso Roldán", en la que Otano y su esposa figuraban como titulares.

Se trataba del presunto pago entre los años 1988 y 1990 de 200 millones de pesetas por parte de la multinacional Bosch Siemens a exdirigientes socialistas por la venta de la factoría de electrodomésticos navarra Safel, dinero que se encontraba en cuentas bancarias en Suiza, y de la que los imputados eran titulares.

En febrero de 2001, tras cuatro años y medio de investigación, la titular del Juzgado de Instrucción archivó provisionalmente el caso por no ver indicios de cohecho, que volvió a reabrirse y, tras diversas vicisitudes, en 2004 la Audiencia Provincial llegó a la "convicción" de la prescripción de los hechos.