Un Constitucional de mayoría conservadora revisará el recurso de Otegi

El Tribunal Constitucional que estudiará el recurso de amparo presentado por el dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados en el caso Bateragune distará mucho del que en los dos últimos años ha dado vía libre a la formación de la izquierda abertzale Sortu y a la coalición Bildu.

Hasta este momento, existe una mayoría de jueces progresistas en el Constitucional, siete, contra cinco conservadores, pero el alto tribunal afronta estos días una renovación que hará que su configuración pase a ser seguramente la opuesta, siete conservadores contra cinco progresistas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que designar a dos vocales del Constitucional antes del 9 de junio --el Gobierno a otros dos-- y durante las últimas semanas los vocales del Consejo han tratado de jugar sus cartas y llegar a un acuerdo que a fecha de hoy aún no ha cristalizado. Las negociaciones siguen bloqueadas y el CGPJ, dividido.

Además, la elección cuenta esta vez con una novedad propiciada por el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, que ha instado a los interesados en lograr plaza en el Tribunal Constitucional a postular su candidatura, lo que nunca antes había ocurrido.

El CGPJ  carece de un procedimiento específico para realizar estos nombramientos, y en ocasiones anteriores los candidatos se discutían en el Pleno sin necesidad de que antes tuvieran que postularse formalmente.

En cualquier caso, junto con los dos magistrados que nombre el Gobierno, los resultantes de la designación que corresponde al CGPJ pasarán a sustituir al actual presidente del Constitucional, Pascual Sala, y a los magistrados que igualmente concluyen su mandato: Ramón Rodríguez-Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps. Todos ellos, salvo Rodríguez-Arribes, son progresistas.

Los candidatos con más posibilidades para ser designados por el CGPJ son Ricardo Enríquez, magistrado de la Sala Tercera del Supremo y de tendencia conservadora; el también conservador y magistrado del Supremo José López y los progresistas Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Civil del Supremo, y Cándido Conde-Pumpido, también magistrado del Supremo, penalista y fiscal general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Enríquez parece contar con un apoyo suficiente, mientras que la división más patente se registra entre los progresistas Xiol y Pumpido, ninguno de los cuales concita apoyos bastantes por ahora.

Los dos jueces que designará el Gobierno del PP también serán de tendencia conservadora.

La renovación del Constitucional es un asunto de máxima importancia para el PP, ya que el tribunal deberá abordar en los próximos meses temas sensibles como los citados recursos del caso Bateragune y la declaración independentista del Parlamento de Cataluña, pero también algunas de las principales medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como la eliminación de la paga extra de diciembre de los funcionarios, la reforma laboral y la no actualización de las pensiones.