La justicia avanza en la imputación de Barcina: ¿Y ahora, qué?

El Tribunal Supremo podría tomar una decisión sobre la admisión o no a trámite del caso de las dietas irregulares de Caja Navarra (CAN) en los meses de junio o julio, según informa EFE citando fuentes jurídicas.

Una vez que la juez de instrucción de Navarra ha decidido elevar la causa al Supremo debido al aforamiento de la presidenta Yolanda Barcina, una sala de admisión de este tribunal formada por tres magistrados decidirá si admite a trámite o no la exposición razonada de la juez María Paz Benito.

La sala de admisión podría archivar el caso, pero lo habitual, ha señalado dicha fuente, es que lo admita a trámite y nombre, de entre los magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo, un nuevo juez instructor que se encargue de la causa.

Este magistrado instructor del Supremo tiene varias opciones, pero las más plausibles, a la vista de lo actuado, son que decida practicar más pruebas, que llame a declarar como imputada a la presidenta Barcina o que archive la causa.

No le vinculará a este magistrado lo investigado hasta ahora y, por tanto, podría volver llamar a declarar en cualquier momento a los cuatro imputados por la juez de instrucción de Navarra: el expresidente Miguel Sanz; el exconsejero de Economía Álvaro Miranda; el actual alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya; y el exdirector de la entidad financiera Enrique Goñi.

Asimismo, el magistrado del Supremo, en su instrucción, podría o no tener en cuenta la documentación recabada en la investigación hecha en Navarra.

Si se admite a trámite la causa, la resolución del procedimiento se conocería previsiblemente a partir de septiembre, ya que agosto no es inhábil para la instrucción de las causas penales, pero no es habitual que en ese mes avancen las causas en el Supremo.

Barcina ha declarado que espera que en el Supremo se demuestre la "legalidad de las actuaciones" en Caja Navarra y se ponga de manifiesto su "inocencia" y su "honestidad".

Por su parte, las dos acusaciones populares personadas en este caso, la asociación Kontuz y el partido UPyD, han destacado que preferían que el caso fuera juzgado en Navarra ya que enviarlo al Supremo supone "ralentizarlo", aunque han aplaudido la decisión de la juez, que consideran "absolutamente justificada" y razonada de "forma irreprochable".

El aforamiento, en entredicho

El aforamiento es un régimen especial de protección jurídica de la que gozan algunos altos dirigentes, como el presidente del Gobierno y sus ministros, los presidentes autonómicos y los diputados, tanto del Congreso de los Diputados como de los parlamentos autonómicos.

El objetivo original de esta protección es evitar que representantes democráticos sean perseguidos por razones políticas, aunque los continuos escándalos de corrupción han puesto bajo tela de juicio este privilegio, al haber servido de cobertura por numerosos dirigentes para evitar responsabilidades penales en presuntas acciones delictivas.

El aforamiento tampoco otorga una protección total, sino que limita los tribunales que pueden investigar o juzgar a un aforado. En el caso de los presidentes autonómicos, es el estatuto de cada territorio el que establece el tribunal que les juzgaría.

Así, el Amejoramiento de Navarra establece en su artículo 27 que "la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros de la Diputación Foral será exigible, en su caso, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo".

El Estatuto de Gernika de Euskadi, por el contrario, establece en su artículo 32.2 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como el tribunal que juzgaría al lehendakari en caso de que el presunto delito se cometiese dentro del territorio vasco, o el Supremo si se cometiese "fuera del ámbito territorial del País Vasco".

En este punto hay que recordar que el lehendakari Juan José Ibarretxe se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados del TSJPV, junto a otros dirigentes del PSE-EE, por reunirse con Batasuna, caso que finalmente fue archivado. Barcina lo haría en el Supremo si fuese imputada en el caso de las dietas de la CAN.

Además de los representantes políticos, también son aforados otros altos cargos del Estado como los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) y el fiscal general del Estado.