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Responsabilizan a Alonso y Maroto de 'trato de favor' en un alquiler

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria considera que el contrato de alquiler de un local firmado en 2007 fue "claramente contrario al interés público".
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Presentan las conclusiones previas sobre los locales de San Antonio

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Vitoria considera que el excalcalde Alfonso Alonso y el actual regidor, Javier Maroto, ambos del PP, tuvieron una "responsabilidad directa" en el contrato de alquiler de un local excesivamente caro firmado en 2007, que fue "claramente contrario al interés público".

Así se recoge en las conclusiones previas de esta comisión, dadas hoy a conocer, y a las que los grupos presentarán enmiendas que serán votadas en una nueva reunión que se celebrará el próximo jueves. De ella, saldrá el dictamen definitivo que será votado en pleno.

Esta comisión ha investigado el alquiler de unos locales en la calle San Antonio de la capital alavesa, que sigue en vigor tras una renegociación por parte de Javier Maroto, y que supondrá un desembolso al Ayuntamiento de entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local.

Las conclusiones provisionales destacan que en la negociación para este alquiler, el entonces alcalde Alfonso Alonso podría haber dado un "trato de favor" a la empresa propietaria Sabayre S.A. y al dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, ya que no se ha acreditado la necesidad de este alquiler ni se estima conveniente que se hiciera mediante adjudicación directa, en lugar de optar por la libre concurrencia.

La duración del contrato que se amplió de 10 a 20 años a propuesta del Ayuntamiento, el hecho de que no incluyera opción a compra, el precio mensual de 12.500 euros sin IVA con incrementos anuales que alcanzaron hasta 9 puntos por encima del IPC, la asunción por parte del consistorio del coste de las obras de acondicionamiento (1,2 millones) y la "cláusula de blindaje", que sólo benefició al propietario, son algunas de las cuestiones analizadas por la comisión.

"Se concluye que este contrato es absolutamente excepcional", destaca el informe preliminar, que añade que no hay ejemplos anteriores de alquileres similares suscritos por el Ayuntamiento ni por ninguna otra administración.

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