Etxerat denuncia que los presos están cada vez más lejos
La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat hará entrega el viernes en Azpeitia (Gipuzkoa) al lehendakari, Iñigo Urkullu, el balance de las incidencias de la política penitenciaria en el primer semestre del año y le pedirán que "de una vez por todas" haga algo para acabar con la "vulneración de derechos" de los presos y sus allegados, al tiempo que le reclamarán que se pase "de las palabras a los hechos".
Etxerat ha ofrecido una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián para realizar un balance de "los hechos más relevantes ocurridos dentro y fuera de las cárceles" en estos primeros seis meses del 2014, y han lamentado que la situación tanto de los presos vascos como la de sus allegados "sigue empeorando".
La asociación ha señalado que "la mejor noticia" de este semestre es "el avance del paso firme dado por los refugiados" que "tras años huyendo, han dado continuación a la declaración realizada en junio del año pasado, puesto que han empezado a volver a casa".
Etxerat ha explicado que, a día de hoy, el colectivo de presos está formado por 472 personas, dispersadas en 76 cárceles y que en los primeros seis meses del años "ningún preso político ha sido trasladado a Euskal Herria". En este momento "únicamente cinco de los 472 presos se encuentran en las cárceles vascas".
Fallecidos
Asimismo, han apuntado que en los 25 años que lleva vigente la política penitenciaria de dispersión "16 familiares y amigos han fallecido de camino a la cárcel" y que en 2014 la dispersión "ha provocado ocho accidentes".
El colectivo ha señalado que, en lo que llevamos de año, se han producido 64 traslados, ninguno de los cuales ha sido a cárceles vascas. Además, han denunciado que "hoy 13 presos políticos están completamente aislados" y que del total de los 472 reclusos, "35 llevan presos más de 20 años, el límite que los organismos internacionales estiman como límite para la destrucción psíquica de la persona".
Finalmente, Etxerat ha considerado "imprescindible y urgente" abordar esta realidad y tomar algunas medidas "básicas", tanto en el plano sanitario como en el legal, al tiempo que han abogado por "humanizar" la situación de los reclusos con problemas de salud y han reclamado que los estados español y francés "dejen de vulnerar los derechos más básicos de las personas".
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