Suspendida la consulta, ¿qué pasará el 9N?
El Ejecutivo español ha formalizado ya los recursos contra la Ley de consultas de Cataluña y el decreto de convocatoria del referéndum del próximo 9 de noviembre.
Admitidos los recursos a trámite, tanto la Ley de Consultas como el decreto de convocatoria quedan automáticamente invalidados durante cinco meses. Cumplido ese plazo, el TC deberá decidir de nuevo si mantiene la suspensión o la levanta. La sentencia definitiva podría tardar años, ya que no hay plazos estipulados.
El Tribunal Constitucional ha convocado un pleno extraordinario esta misma tarde para admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad.
El Parlament catalán aprobó la ley de consultas el 19 de septiembre, un día después del referéndum independentista de Escocia. Posteriormente, Artur Mas firmó la ley unos días después y convocó la consulta el sábado 27.
Hasta este momento, el Constitucional no podía prohibir la consulta, porque no puede actuar de oficio y porque debía esperar al registro de los recursos de inconstitucionalidad.
Hay que recordar que el TC ya se pronunció el tiempo récord en el caso de la consulta convocada por el lehendakari Juan José Ibarretxe en 2008: necesitó únicamente dos días para aceptar el recurso del Gobierno español, lo que dejó en suspenso la consulta, y dos meses para publicar la sentencia que la prohibió definitivamente.
Artur Mas deberá gestionar bien los tiempos si quiere que los catalanes voten el 9 de noviembre, ya sea en una consulta independentista o en unas elecciones anticipadas.
Si se decanta por esta segunda opción, el jefe del Ejecutivo catalán debería convocar las elecciones, como muy tarde, el 1 de octubre, ya que según la ley, los comicios catalanes deberían celebrarse entre 40 días después de la publicación del decreto de disolución del Parlamento.
Diada histórica
Cientos de miles de personas (1,8 millones según la Guardia Urbana de Barcelona, y entre 470.00 y 520.000 según la Delegación del Gobierno español en Cataluña) volvieron a reclamar el derecho a decidir su futuro en la consulta independentista del 9 de noviembre en otra Diada histórica.
En ese sentido, los organizadores de la 'V' gigante formada entre las dos principales arterias de Barcelona, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium, que situaron 947 urnas simbólicas (una por cada localidad de Cataluña) a lo largo del recorrido, reclamaron al president Artur Mas que "ponga las urnas" el 9-N aunque el TC prohíba la consulta, porque "la voz del pueblo está por encima de lo que opine un tribunal partidista de Madrid".
Y en este contexto, Artur Mas navega entre dos mares. Sus opciones pasan por seguir adelante con la consulta pese al veto del Constitucional, a lo que le empujaron buena parte de la calle, la ANC y sus socios de ERC, formación que apuesta abiertamente por la "desobediencia civil", o decantarse por el 'plan B', es decir, adelantar las elecciones para evitar el choque de trenes con la justicia.
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