Garitano e Izagirre no cometieron delito durante el luto por Suárez
La Fiscalía vasca ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, por no guardar en las instituciones que representan el luto por el fallecimiento del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez establecido por decreto del Ejecutivo central el pasado mes de marzo. Tras solicitar explicaciones, el ministerio público cree que no se ha acreditado que tuvieran voluntad "deliberada de incumplir una norma jurídica".
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, presentó el 26 de marzo un escrito ante el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, para que determinara si Garitano e Izagirre cometieron delito de prevaricación o algún otro al incumplir el decreto del Gobierno central del 23 de marzo por el que se declaraba luto oficial desde la medianoche del 24 de ese mes hasta las 24:00 horas del 26 por el fallecimiento de Suárez. Durante ese tiempo, la bandera española debía ondear en los edificios institucionales a media asta.
El ministerio público solicitó informes al diputado general de Gipuzkoa y al alcalde donostiarra para que explicasen los motivos por los que incumplieron el decreto en las instituciones que dirigen.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, Martin Garitano contestó que aquel día se produjo "la circunstancia excepcional" de que se publicaron dos Boletines Oficiales del Estado (BOE) y que, en el índice del primero de ellos, solo aparecía la concesión de una condecoración a título póstumo al expresidente del Gobierno.
Además, señaló que tampoco tuvo, "en ningún momento", sobre su mesa el Decreto de luto oficial "ni se le comunicó oficialmente tal Decreto". Por ello, cree que, "al no tener noticia" de éste, "mal podía cumplir o incumplir lo ordenado".
También añadió que consideraba "dudoso" que ese Decreto de luto oficial "fuera aplicable a las sedes o instalaciones distintas a las de la Administración Civil y Militar del Estado", al aprobarlo el presidente del Ejecutivo y no el Consejo de Gobierno.
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