Causa contra el franquismo
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La Fiscalía argentina pide imputar a 15 altos cargos del franquismo

Entre otros, reclama imputar al capitán de la policía responsable de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
La juez argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo. EFE
La juez argentina María Servini, que investiga los crímenes del franquismo. EFE

El fiscal federal argentino Ramiro González ha reclamado a la juez María Servini, que ha abierto el único proceso penal que existe en el mundo por los delitos del franquismo, que llame a declarar como imputados a 15 ministros y policías del régimen.

En concreto, los exdirigentes gubernamentales acusados por la Fiscalía son el exministro de Presidencia Antonio Carro Martínez, el exvicepresidente y exministro de Trabajo Licinio de la Fuente, el exvicepresidente y exministro de Hacienda Antonio Barrera (fallecido el pasado mes), el exministro de Justicia José María Sánchez Ventura Pascual y el exministro de Presidencia Alfonso Osorio García.

Completan la lista Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la iglesia de Vitoria-Gasteiz en la que mataron a cinco trabajadores durante los sucesos del 3 de marzo de 1976, Carlos Rey González, exmiembro del Consejo de Guerra que juzgó y condenó a muerte al anarquista Salvador Puig Antich, en exjuez militar Antonio Troncoso de Castro y los expolicías Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.

González les acusa de homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños, y reclama a la juez Servini que viaje de nuevo a España para visitar cárceles franquistas, fosas comunes y campos de concentración.

La juez ya intentó la extradición del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, aunque España denegó la solicitud.

Recientemente, la ONU ha denunciado que, casi cuatro décadas después del fin de la dictadura, el Estado español no haya sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

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