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Todos los partidos de Iparralde piden un diálogo Gobierno francés-ETA

En un documento consensuado por representantes de todos los partidos, reclaman diálogo, reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un nuevo estatus jurídico para Iparralde.
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Representantes de todos los partidos políticos de Ipar Euskal Herria han firmado, con la mediación del Grupo de Diálogo (Brian Currin, Paul Ríos…), un documento en el que reclaman la implicación del Gobierno francés en el proceso de paz abierto tras el cese de la actividad armada por parte de ETA.

Entre los firmantes del acuerdo, hecho público hoy en Baiona, están Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona (partido centrista), Kotte Ecenarro, alcalde de Hendaia y vicepresidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos (Partido Socialista), Max Brisson, miembro del Consejo General de Pirineos Atlánticos, concejal en el ayuntamiento de Biarritz y secretario departamental de la UMP, Frédérique Espagnac, senadora por Pirineos Atlánticos (PS),  Jean-Jacques Lasserre, senador por Pirineos Atlánticos, miembro del Consejo General de Pirineos Atlánticos y presidente del Consejo de Electos del País Vasco (partido centrista) y Xabi Larralde, responsable de Sortu en Ipar Euskal Herria, entre otros.

En el documento, al que ha tenido acceso eitb.com, se hace referencia a los puntos acordados en la declaración de Aiete, y lo presentan como aportación al proceso de paz, con propuestas "que pueden concitar un amplio consenso en la sociedad del País Vasco de Francia".

Así, los mandatarios políticos de Ipar Euskal Herria reivindican el papel del Gobierno francés en el proceso de paz, porque creen que "el gobierno francés debe participar en un diálogo con ETA. En un primer momento y con el fin de facilitar su desarrollo, este diálogo debería llevarse a cabo de manera confidencial. Una vez se constatasen avances significativos, podría hacerse público".

Presos

En el documento proponen varios puntos que podrían tratarse en esos diálogos bilaterales y que respetarían el marco jurídico actual y los Derechos Humanos, que serían el acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los presos enfermos y beneficios penitenciarios.

También se propone "la suspensión de los procedimientos jurídicos y policiales contra los militantes de ETA" y "la elaboración en último término de una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco", medidas que necesitarían un consenso político y un nuevo marco jurídico.

Respecto a la entrega de las armas, los firmantes del documento abogan por un acuerdo entre París y ETA, "bajo control internacional, para definir y poner en práctica las condiciones y los procedimientos de desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia".

En el ámbito de las consecuencias del conflicto y la reconciliación, apuestan por crear una comisión de "Verdad y reconciliación", para establecer un reconocimiento recíproco de todas las víctimas y definir las diferentes formas de reparación.

Por último, los firmantes reivindican "una colectividad territorial de estatus particular" para iparralde, ya que creen que ello contribuirá de manera positiva en el "logro de una paz duradera".

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