El ex número dos de Esperanza Aguirre era el conseguidor en la trama

El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil, según informa Europa Press citando fuentes de la investigación. El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Solo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.

No en vano, el nombre de la 'operación Púnica' sale de un juego de palabras de los investigadores entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada: 'punica granatum'. Se trata de un recurso habitual de las fuerzas de seguridad a la hora de bautizar sus operaciones para señalar al principal sospechoso como ya ocurrió con la trama Gürtel (correa en alemán) en relación al nombre del principal detenido, el empresario Francisco Correa.

Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica.

En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely --filial de la multinacional francesa GDF Suez-- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.

Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

En total hay 51 detenidos en Madrid, León, Murcia y Valencia. En la nómina figuran los alcaldes de seis municipios madrileños, concejales y técnicos entre otros cargos públicos así como empresarios. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

Anticorrupción habla de "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el 2 y el 3% de cada contrato. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los 5 y los 7,5 millones de euros.