La AN considera a Rato responsable de la emisión de las tarjetas B
La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 3 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por considerarle responsable de la emisión de las tarjetas black, situadas al margen de "cualquier atisbo de legalidad".
En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal desestima así el recurso que el exbanquero y exministro interpuso contra su fianza, que Andreu le fijó el pasado 16 de octubre por "consentir, propiciar y aceptar" el sistema de tarjetas opacas con las que 83 exconsejeros y exdirectivos cargaron más de 15 millones entre 1999 y 2012.
Rato se opuso alegando su derecho a ser tratado como inocente al adelantar un juicio inculpatorio y mantenía que no eran ciertas las conclusiones a las que llegó Andreu por no haberse "investigado absolutamente nada" sobre el origen de la emisión y entrega de las visas.
Sin embargo, para la Audiencia, las diligencias que ha practicado hasta ahora ponen de relieve que se trataba de tarjetas de crédito "emitidas al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, acuerdo o decisión adoptada por algún órgano que soporte la existencia y la operativa de las mismas".
Y la emisión de las mismas "era responsabilidad" de Rato, que además de presidente de Caja Madrid, primero, y de Bankia, después, fue beneficiario de una de ellas cuando disponía de otra para gastos de representación que sí fueron aprobadas por el Consejo de Administración. Ello sitúa el uso de las tarjetas opacas "al margen de cualquier atisbo de legalidad y, lo que es más importante, de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar su adecuada utilización".
Dado que no se prevé un cierre próximo de la investigación, unido a los "sólidos indicios de la comisión de un delito de administración desleal", la elevada responsabilidad civil que se le pueda llegar a imponer y el gran número de perjudicados existentes (accionistas, acreedores o meros clientes), hacen que la decisión de Andreu sea "plenamente ajustada a derecho", concluye.
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