39 años buscando a los culpables del 3 de marzo

Se cumplen 39 años desde los trágicos sucesos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, una jornada en la que cinco trabajadores murieron a consecuencia de los disparos de la policía. Otras cien personas resultaron heridas de bala.

Tras casi cuatro décadas, sigue sin haber ningún condenado por aquellos hechos, aunque la jueza argentina María Servini ha arrojado un poco de esperanza a las víctimas del 3-M. Reciéntemente, y dentro de su proceso de investigación de crímenes y desapariciones del franquismo, la magistrada solicitaba la detención de tres personas directamente relacionadas con los sucesos.

Alfonso Osorio García, ministro de presidencia entre 1975 y 1976, Rodolfo Martin Villa, exministro y exvicepresidente primero y Jesús Quintana Saracíbar, excapitán y jefe de Policía son los tres imputados por la magistrada argentina como responsables de los trágicos sucesos del 3 Marzo de 1976, integrando una lista de cerca de veinte personas, todas ellas  relacionadas con crímenes y desapariciones registradas durante el franquismo.

Tras conocer estas imputaciones, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo mostró su satisfacción por la decisión de la magistrada, pero, al mismo tiempo, expresó su escepticismo y nula esperanza en que esta actuación sea atendida por el Estado Español.

La vía europea

Por otro lado, la tragedia del 3-M también será relatada en Europa. Las víctimas acudirán al Parlamento Europeo, para asistir al debate de una iniciativa promovida por la asociación. En ella, denuncian la "impunidad" del Gobierno español con los responsables de los cinco trabajadores por disparos de la policía tras disolver una asamblea pacífica.

El portavoz de la asociación, Andoni Txasko, ha explicado en una rueda de prensa que dado que ven "imposible" que el Estado español reconozca a las víctimas del 3 de marzo su derecho a la verdad, justicia y reparación, han tenido que recurrir a la justicia Argentina y al Parlamento Europeo.

No es la primera vez que viajan a Bruselas para denunciar el asesinato de cinco trabajadores. En 2006 se reunieron de manera informal con algunos grupos europeos pero hoy registrarán formalmente por primera vez una iniciativa en este sentido.

Lo harán vía telemática y posteriormente irán en persona para presentar toda la documentación con la que se abrirá un debate en un pleno del Parlamento Europeo.

El objetivo es poner de manifiesto ante el resto de países de la Unión Europea que el Gobierno español "incumple la legislación internacional de Derechos Humanos y mantiene el mismo discurso que en 1976".

Por ahora, han conseguido el apoyo en el Parlamento Europeo de los europarlamentarios del PNV, EH Bildu, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida, aunque siguen los contactos también con grupos de otros países para obtener su respaldo.

Los hechos

Como decimos, han pasado ya 39 años del asesinato de cinco trabajadores en la iglesia San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, y aún nadie ha sido condenado por aquellos hechos.

En la tercera jornada de huelga que los obreros convocaban para protestar por los ajustes salariales previstos, miles de ellos (5.000, según la asociación) se reunieron en este templo y sus inmediaciones para celebrar una asamblea.

La Policía, metralletas y pistolas en mano, desalojó forzosamente la iglesia. Cinco trabajadores murieron y un centenar resultaron heridos de bala. Y después de más de tres décadas, nadie ha pagado por ello.

Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, y Francisco Aznar, de 17, murieron allí mismo. Posteriormente, debido a las heridas de bala, fallecieron otros tres trabajadores: Romualdo Barroso, Bienvenido Perea y José García Castillo.

Tan solo habían pasado cuatro meses desde la muerte de Franco. Presidía el Gobierno la misma persona que en la dictadura, Carlos Arias Navarro, y el ministro de lo que entonces se llamaba la Gobernación (Interior hoy día) era Manuel Fraga Iribarne, a quien algunos consideraron "reformista" en cierta época franquista.

Un boletín policial interno de la época, descubierto hace algunos años por el historiador Carlos Carnicero, pone de relieve que la Policía dio mucha importancia al recorrido de la huelga, y temía que se extendiera de Vitoria-Gasteiz al resto de Euskadi y del Estado, terminando con el Gobierno de Arias Navarro. La dureza con la que actuó la policía podría responder a estos temores.