El juez imputa a 26 personas en el 'caso De Miguel'

El juez Roberto Ramos ha culminado la instrucción del llamado "caso De Miguel", una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que salpica a exdirigentes del PNV en Araba, y ha mantenido la imputación para un total de 26 personas.

En un auto de 180 folios hecho público hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz considera que existen indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Araba y diputado foral de Administración Local Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso.

Además de Alfredo de Miguel, Ramos mantiene la acusación contra Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; así como contra dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), otros dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan).

Sin embargo, archiva la causa contra Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, y contra Pablo Jesús Larrabide.

En este auto, que puede ser recurrido, el juez pide a la Fiscalía y demás partes en el procedimiento que formulen escritos de acusación o sobreseimiento de la causa.

"Entramado societario" para obtener contratos "irregularmente"

El juez instructor aprecia indicios sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En el auto se indica que "ha quedado indiciariamente acreditado a los efectos de esta resolución y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a Alfredo De Miguel Aguirre, quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario" con diversos objetivos supuestamente delictivos.

Entre dichos objetivos, se encontraría el de "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)".

Asimismo, la supuesta trama trataría de "solicitar y/u obtener, en algún caso, el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos", así como "solicitar y/u obtener el pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad".

Cinco años de investigación

El origen de este caso fue la denuncia presentada ante la Fiscalía en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi contra los entonces dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, a quienes acusó de formar parte de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales.

Ambos supuestamente trataron de cobrarle 100.000 euros por un contrato que se había adjudicado a la empresa Urbanorma -de la que era administradora- para gestionar la ampliación del Parque Tecnológico de Araba, en Miñano, según su denuncia.

Ésta motivó el inicio de una investigación que provocó que el 17 de marzo de 2010, De Miguel, que entonces era diputado foral de Administración Local en Araba, fuera detenido a primera hora de la mañana en su domicilio en Vitoria-Gasteiz, en una operación que se saldó con otros siete arrestados.

Todos ellos quedaron libres ese mismo día tras declarar ante el juez pero con cargos en su contra.

A partir de ahí la causa, investigada por el juez Ramos, con el impulso del fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, comenzó a engordar en folios y número de imputados hasta finalizar hoy con el auto que cierra la instrucción y que mantiene la acusación contra De Miguel y otras 25 personas por once delitos.

En el ámbito político, esta causa hizo mover ficha en el seno del PNV alavés, ya que motivó la dimisión de De Miguel como diputado foral y también como vicepresidente de la Caja Vital, y la de Tellería como miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV.

El entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, emplazó a los militantes imputados a que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido, que según dijo, no tenía "nada que ver", con este supuesto caso de corrupción.

A raíz de esta causa judicial se creó una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que durante 18 meses escuchó la declaración de cerca de setenta personas y que en mayo de 2012 aprobó un dictamen en el que se atribuían responsabilidades políticas a excargos del PNV. El dictamen fue aprobado con el voto favorable de todos los parlamentarios de oposición.