'La Ley de Consulta es el paraguas legal del derecho a decidir'

El portavoz de EH Bildu y presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha definido hoy el proyecto de Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, conocida coloquialmente como Ley de Consulta como el "paraguas legal" del derecho a decidir.

Arraiz ha registrado hoy este texto en el Parlamento autonómico acompañado por Rebeka Ubera (Aralar), Pello Urizar (EA), y Oskar Matute (Alternatiba), dirigentes de los partidos que conforman EH Bildu.

En la rueda de prensa posterior, Arraiz ha subrayado que este proyecto pretende dotar de una cobertura "legal" a la celebración de consultas en las que los ciudadanos de Euskadi puedan decidir su futuro "político, económico y social".

La propuesta, según ha explicado Arraiz, es la "respuesta" de EH Bildu al "frente de la negación de la imposición" con el que, según ha dicho, ha reaccionado el Estado español a quienes reivindican las "realidades nacionales" de Cataluña y de Euskal Herria.

Referencias al PNV

Arraiz ha considerado que su proyecto contiene las condiciones para "poder llegar a un acuerdo entre por lo menos la mayoría amplia que hay el Parlamento Vasco en favor del derecho a decidir", en referencia al PNV (junto con los jeltzales suman 47 parlamentarios sobre un total de 75 escaños).

"Si estamos de acuerdo en el objetivo creo que nos podremos poner de acuerdo en los medios para lograrlo", ha confiado Arraiz, quien ha defendido que es posible aprobar esta ley antes de que finalice esta legislatura, en otoño de 2016. Arraiz ha fijado el 4 de febrero como posible fecha para que el pleno del Parlamento Vasco debata la toma en consideración de esta iniciativa, ya que el mes de enero es inhábil para la celebración de sesiones plenarias. "Esta fecha nos da margen para poder hacer realidad esta ley. Sólo es cuestión de voluntad política", ha añadido.

"Confrontación demócratica" con el Estado

El proyecto, cuyo contenido adelantó Radio Euskadi, incluye 59 artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias y tres finales. La coalición abertzale pretende que los vascos puedan pronunciarse y decidir su futuro por encima de las "imposiciones" y de "negativa" del Estado español. Al ser preguntado respecto a qué ocurriría si las instituciones del Estado suspenden esta ley o los efectos que puedan derivarse de ella, Arraiz ha advertido de que "vamos a obedecer únicamente al mandato que nos dé la ciudadanía vasca".

"No obedecemos a lo que Madrid pueda pensar, mucho menos cuando su posición sea la de vulnerar los derechos democráticos que nos corresponden como pueblo", ha asegurado. El parlamentario de EH Bildu ha destacado que la coalición está preparada para "asumir las consecuencias que tenga la confrontación democrática" con el Estado.

Momento del registro de la iniciativa en el Parlamento Vasco. Foto: EFE

Navarra

En el proyecto de ley se asegura que "la Comunidad Autónoma Vasca recabará el reconocimiento por parte del Estado de la capacidad de decisión que le corresponde como pueblo". Argumentará, para ello, que "es de obligado cumplimiento democrático", según consta en su disposición adicional.

Aunque su contenido sería de aplicación sólo para los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), el texto recoge una disposición adicional en la que se señala que "en la medida que el derecho a decidir es la actualización de los derechos históricos del pueblo vasco, a la hora de obtener y materializar esa competencia, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad foral, si así lo decidiese la ciudadanía de cada una de ellas, actuarían conjuntamente alcanzando para ello los acuerdos que fueran necesarios".

"Se trata de que la ciudadanía sea dueña de su futuro político, económico y social", subraya el texto, "sin más límite que su voluntad libre y democráticamente expresada".

Mayores de 16 años

La propuesta de EH Bildu pretende facultar a las instituciones vascas (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos) para la celebración de consultas populares sobre asuntos que afecten a los ciudadanos. Además, se podrán celebrar consultas populares, previa recogida de 5.000 firmas

Las consultas están abiertas a la participación de personas mayores de 16 años empadronadas en la comunidad autónoma, aunque los residentes en el extranjero también pueden participar si se inscriben en un registro habilitado para ello.

Asimismo, el texto regula el número de consultas que se podrán hacer anualmente, así como la creación de una comisión de control y de seguimiento para velar la correcta realización de las consultas.