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La Fiscalía pide archivar la causa contra Arraiz por el 'jaque mate'

Juan Calparsoro argumenta que las palabras del líder de Sortu en las que solicita la salida de Euskal Herria de la Guardia Civil se enmarcan en los derechos a la libertad de expresión e información.
Hasier Arraiz pronunció las palabras en una rueda de prensa hace un año
Hasier Arraiz pronunció las palabras en una rueda de prensa hace un año

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, ha pedido el archivo de la causa contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, por pedir a la sociedad vasca que diera Jaque mate a la Guardia Civil, según han informado fuentes judiciales.

Juan Calparsoro argumenta que las declaraciones de Arraiz están amparadas en los derechos a la libertad de expresión e información y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fiscal reclama así en el informe remitido al juez instructor el archivo de la causa abierta contra Arraiz, al no observar ningún delito de "injurias graves" contra la Guardia Civil y enmarcar sus declaraciones en el "ámbito de la liberta de expresión" de los representantes políticos.

La querella fue presentada por la asociación Dignidad y Justicia por las declaraciones del presidente de Sortu con motivo de la detención de un grupo de abogados de presos el 12 de enero de 2015 en una operación policial denominada 'Jaque'.

Ese día y el 14 de enero Arraiz ofreció dos ruedas de prensa. En la primera afirmó que la sociedad vasca debe dar "jaque mate" a la Guardia Civil y pidió que se fuera de Euskal Herria, y en la segunda aclaró, sin metáforas, que en Euskadi la única violencia era la del Estado español y la "única amenaza violenta" era la Guardia Civil y el resto de cuerpos "represivos".

Manifestó, asimismo, que el objetivo de la citada detención de los abogados de presos era la "venganza".

Meses después, la sala de lo Social y Civil del TSJPV, por tres votos a dos, aceptó la querella por injurias a la Guardia Civil, pero rechazó la referida a un posible delito de "ultraje a España".

En el auto, los magistrados consideraron que las declaraciones del dirigente de la izquierda abertzale fueron "objetiva y gravemente injuriosas" contra la Guardia Civil, al referirse a esta como "una amenaza violenta, un instrumento represivo de un Estado terrorista y vengativo y como un cuerpo reñido con un escenario de paz y democracia en Euskal Herria".

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