La Ley de víctimas policiales supera las enmiendas a la totalidad

El Parlamento Vasco ha dado hoy un paso más para reconocer a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 a través de una ley que hoy ha superado en el Parlamento Vasco el trámite de las enmiendas a la totalidad del PP y UPyD, que han sido rechazadas, aunque la futura norma, si se aprueba, corre el riesgo de ser recurrida por el Estado.

Esta es una ley que el Gobierno Vasco quiere aprobar durante este mandato a pesar de que el proyecto fue remitido el 26 de abril a la Cámara de Vitoria-Gasteiz, casi al final de la legislatura, lo que ha obligado a apurar los plazos parlamentarios para su tramitación con el fin de que pueda salir adelante el 28 de julio, en el último pleno antes de que el lehendakari disuelva el Parlamento y convoque para otoño las elecciones autonómicas.

Pero aún no está asegurada la aprobación de la ley ya que por el momento solo la apoya en su totalidad el PNV, mientras que EH Bildu y el PSE-EE, por diferentes motivos, quieren mejorarla durante el debate de las enmiendas parciales, y el PP y UPyD es probable que la rechacen.

Con la ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos Producidos en un Contexto de Represión Ilícita (1978-1999) se busca reparar y reconocer a las víctimas de motivación política que sufrieron violaciones de derechos humanos en ese período mediante una norma y no un decreto, para dar mayor seguridad jurídica.

El proyecto es la continuidad de un decreto de junio de 2012, impulsado por el entonces Gobierno Vasco liderado por el socialista Patxi López, que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas.

Y en esta ocasión, tal y como está redactado el proyecto de ley, también el Ministerio de Interior español ha advertido de que algunos de sus preceptos vulneran la Constitución  y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- "infringe varias competencias exclusivas estatales".

La devolución del texto al Ejecutivo vasco que pedían PP y UPyD ha sido rechazada con los votos del resto de los grupos en la sesión plenaria de hoy, por lo que el proyecto continúa su tramitación con el debate de enmiendas en ponencia y comisión antes de que llegue al pleno de finales de julio.

En el texto del proyecto no se contempla como indispensable para acreditar la condición de víctima la existencia de una sentencia firme que lo determine sino "cualquier medio de prueba admisible en Derecho", como ocurre con otras normativas como la de víctimas del terrorismo.

Establece que serán reconocidas y reparadas aquellas personas que hayan sufrido la vulneración de sus derechos humanos en un contexto de represión ilícita que haya afectado a su vida y a su integridad tanto física, como psíquica, moral y sexual.

Las compensaciones económicas oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.

Defensa del lehendakari

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado hoy que el proyecto de ley de víctimas de abusos policiales es una "pieza necesaria" para la construcción de la "convivencia futura" y ha afirmado que la Administración debe subsanar la "deuda contraída con la dignidad" de este colectivo.

Urkullu ha defendido hoy en el pleno del Parlamento Vasco el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones y Derechos Humanos Causadas por Actuaciones de Represión Ilícita entre 1978 y 1999, durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y UPyD.

"Hoy es un día importante, un paso más en la apuesta por la paz y la convivencia en este país", ha destacado el lehendakari en el inicio de su intervención.

En este sentido, ha opinado que los partidos deben afrontar el proceso abierto tras el cese de la actividad de ETA con "altura de miras y visión global".

Por ello, ha planteado que esta norma es una "pieza necesaria" para la construcción de una "memoria crítica con el pasado" y para la "normalización de la convivencia futura".

Urkullu ha subrayado que la existencia de las víctimas amparadas por esta futura norma avala la necesidad de esta ley porque "existen familias que han padecido un daño irreversible al sufrir la pérdida injusta y violenta de un familiar cercano".

Así, ha insistido en que "estas víctimas existen y no están reconocidas", por lo que ha subrayado que la "obligación" de las instituciones y el objetivo de la norma es "subsanar esta anomalía".

Tras hacer hincapié en que la Administración debe atender la "deuda contraída" con la "dignidad" de este colectivo, el lehendakari ha defendido que las políticas de víctimas de todo signo deben fundamentarse en el principio de igualdad.

Urkullu ha negado que esta ley pueda justificar la "teoría del conflicto ni de los bandos enfrentados" porque se sustenta en el principio de la "centralidad de la víctima" como "factor de unión y no de división".

Enmiendas a la totalidad

En la defensa de su enmienda a la totalidad, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha argumentado la falta de seguridad jurídica del texto y también las "prisas" del PNV y del Gobierno Vasco en su tramitación en lugar de llegar a consensos con los partidos.

Gorka Maneiro (UPyD) ha constatado las "dudas jurídicas" del texto y ha criticado que el proyecto consagre un procedimiento extrajudicial para reconocer a "supuestas víctimas".

En nombre del PNV, Iñigo Iturrate ha argumentado que la ley es un paso "imprescindible" para construir una convivencia normalizada, ha reiterado que la norma está "bien armada" desde el punto de vista jurídico y ha arremetido contra el PP y UPyD porque para estos partidos "nunca es el momento para reconocer y reparar" a estas víctimas.

Julen Arzuaga (EH Bildu) ha anunciado que defenderá en sus enmiendas la necesidad de que la ley equipare los derechos de las víctimas "del Estado" y del terrorismo "con la misma intensidad" y ha denunciado que el Gobierno, al intentar bloquear esta normativa, quiera "imponer" su relato para no reconocer "a las víctimas del Estado".

Desde el PSE-EE, Patxi Elola ha advertido de que su voto final dependerá de lo que ocurra en el debate de su enmiendas, que van encaminadas a blindar la ley para evitar que sea recurrida. También los socialistas piden que se desvincule el reconocimiento de estas víctimas del que puedan tener los afectados por el terrorismo "sin discursos equiparadores de realidades muy distintas".