PNV y PSE creen que la ley de víctimas policiales no será recurrible

El PNV y el PSE-EE creen que el acuerdo que ambos partidos han alcanzado para aprobar la ley vasca que reconocerá a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 está blindada frente a posibles recursos del Estado, mientras que el PP ve "inseguridad jurídica" en el texto normativo.

El acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios del PNV y PSE-EE sobre esta ley, avanzado ayer, ha quedado hoy materializado en la ponencia que ha debatido sobre el proyecto legislativo en la Cámara vasca, que ha aprobado un informe que será ratificado el próximo miércoles en comisión, con lo que normativa saldrá adelante el 28 de julio en el último pleno de la legislatura.

EH Bildu, el principal partido de la oposición en el Parlamento de Vitoria, ha quedado al margen de este acuerdo y su portavoz, Julen Arzuaga, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de otorgar un reconocimiento a estas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en igualdad de condiciones con otras, en referencia a las del terrorismo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, ha dejado claro que tampoco comparte el texto por no estar de acuerdo con el "contexto de motivación política" que se esgrime en el proyecto ya que, en su lugar, debería referirse a "un planteamiento general de vulneraciones de derechos humanos". También entienden los populares que su redacción tiene "profundas dudas jurídicas".

Por otra parte, se desconoce la postura sobre el texto normativo del único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien no ha acudido a la ponencia.

La suma de parlamentarios nacionalistas y socialistas permitirá la aprobación de la ley, mientras que EH Bildu aún no ha decidido el sentido de su voto y el PP votará en contra.

Con la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, se da continuidad a un decreto de 2012 que ofreció la misma cobertura a víctimas similares del período 1960-1978.

Tal y como estaba redactado el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Vasco corría el riesgo de ser recurrido por el Estado, que ya advirtió de que algunos de sus preceptos vulneraban la Constitución, algo que el PNV y el PSE consideran que se ha evitado con la nueva redacción al dotar al texto de mayor seguridad jurídica.

Iñigo Iturrate (PNV) ha pedido al Gobierno español que si no ha tenido "voluntad ni coraje" para reconocer a estas víctimas, por lo menos "no obstaculice" esta ley vasca porque "no hay ninguna razón jurídica" para ello y ha tachado de "una buena noticia para la convivencia" esta normativa.

En la misma línea, el socialista Patxi Elola ha dejado claro que la ley se ha "clarificado" para evitar conflictos con otras administraciones, pero ha pedido al Gobierno Vasco que dialogue con el Ejecutivo central para que no haya recursos.