Prisión para seis de los ocho detenidos, acusados de terrorismo

Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para seis de los ocho detenidos, acusados de un delito de terrorismo como partícipes directos en la agresión a dos guardia civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra).

La juez ha adoptado esta decisión a petición del fiscal José Perals, que acusa a los seis de un delito de terrorismo en aplicación del artículo 573 bis. La medida cautelar se ha dictado teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de fuga que para la magistrada "resulta innegable".

Por otro lado, las otras dos jóvenes detenidas han quedado en libertad provisional, con la imposición de comparecencias dos días a la semana al entender que no participaron en las agresiones físicas.

Asimismo, la juez ha citado para el próximo miércoles a otras dos personas relacionadas con estos hechos que se han presentado voluntariamente, y ese mismo día celebrará ruedas de reconocimiento.

Los arrestados comenzaron a declarar poco después de las 20:00 horas ante la titular del Juzgado Central de Instrucción Carmen Lamela.

En una operación policial denominada 'Ausiki', la Guardia Civil detuvo ayer, lunes, por la mañana a ocho personas como supuestas autoras de la agresión denunciada por dos guardias civiles en Alsasua. Las detenciones se han producido en Pamplona, Alsasua, Vitoria, Salvatierra, Ordizia y Madrid.

El Ayuntamiento pide el caso se juzgue en Pamplona

En este contexto, el Ayuntamiento de Alsasua ha pedido que el caso se instruya en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona/Iruña, en lugar de la Audiencia Nacional.

La Junta de Portavoces ha aprobado esta declaración, firmada por Geroa Bai, PSN-PSOE, EH Bildu y Goazen Altsasu.

En el texto se recuerda que la instrucción del caso comenzó en la capital navarra, "donde figura el informe de la Policía Foral, la que en su día se hizo cargo del caso" y a la que consideran "competente" en ese tema.

La declaración pide "amparo a todas las instituciones (tanto ejecutivas como legislativas y judiciales) navarras" para que el caso se instruya en Pamplona/Iruña.

Se muestra la "perplejidad porque el nombre de vecinos y vecinas (algunos de ellos menores de edad) aparezcan en medios de comunicación nacional sin haber recibido notificación alguna".

Se indica que "tal y como han manifestado los padres y madres de estos vecinos, éstos se sienten indefensos, desamparados y muy preocupados por el futuro de sus hijos por el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de petición de penas desproporcionadas, al haberse calificado como acto terrorista", en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional.

Además en la declaración se expresa "solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas a partir de unos hechos que entendemos nunca debieron ocurrir, y por extensión al pueblo de Alsasua", al que agradecen "la actitud mostrada ante tales hechos".

Reacciones

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, valoró de forma "negativa" las detenciones y ha consideró que "no era necesario practicar estas detenciones, y mucho menos de madrugada".

Por otro lado, medio centenar de personas se concentraron frente al Ayuntamiento de Alsasua. La concentración tuvo lugar a las 13:00 horas frente a la casa consistorial y en la misma se exhibieron carteles con lemas como "Stop a la criminalización", "Adelante la juventud de Alsasua", "Libertad a los detenidos" o "Stop a la represión".

La pelea de bar llega a la Audiencia Nacional

Según dijo la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el pasado viernes, la agresión denunciada por los guardias civiles forma parte de una "campaña de acoso a los agentes dirigida a aislarles y crear un clima de miedo entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos a de amistad con ellos", de acuerdo a la información difundida por Europa Press.

Lamela citó los informes policiales recibidos y en los que se identifica a 12 de los presuntos agresores y precisó que su actitud pudo ir dirigida a "intranquilizar" a los propios agentes implicados en la pelea, pero también a sus compañeros de profesión, sus familias y cualquier otra persona que pudiera apoyarles en Alsasua.

La Audiencia Nacional se encuentra investigando lo denunciado, a pesar de que los informes policiales realizados tanto por la Guardia Civil como por la Policía Foral sobre los hechos ocurridos en Alsasua el pasado día 15 de octubre constatan que no hubo un "linchamiento o paliza organizada" contra los dos guardia civiles.

El pasado día 26, seis jóvenes -de los ocho identificados por la Guardia Civil- han acudieron al juzgado de guardia de Pamplona para declarar voluntariamente.

Los seis jóvenes se presentaron en el Juzgado de Instrucción número 3, pero no pudieron declarar ya que la jueza titular, Mari Paz Benito, encargada de las diligencias, no se encontraba de guardia.

El informe de la Guardia Civil habla de "una agresión", pero desdice a los dos agentes y desmiente la versión difundida hasta el momento que apuntaba a un linchamiento por parte de unos 40 o 50 jóvenes de Alsasua.

Además, según publicó hace unas semanas Diario de Noticias citando fuentes judiciales, en las diligencias ampliatorias confeccionadas por la Guardia Civil no se aprecia un delito de terrorismo como pretende el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sino que señala a un delito de odio.

Sin embargo, y en contra de lo señalado en los informes de la Guardia Civil y Policía Foral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la agresión puede encuadrarse en un delito de terrorismo y, por tanto, es de su competencia investigarlo.