El juicio del caso de los jóvenes de Alsasua comenzará el 17 de abril
El juicio oral del caso de los jóvenes de Alsasua (Navarra) será juzgado del 17 al 27 de abril en la Audiencia Nacional, según han informado los familiares de los acusados en las redes sociales.
Ocho jóvenes están encausados. El fiscal pide una pena de cárcel de 50 años para seis de ellos, 62 para uno y 12 para otro.
Hace poco se cumplió un año de la pelea con dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2016 de madrugada, y en ella resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas.
Ocho jóvenes han sido procesados como autores de una agresión (a una novena se le levantó el procesamiento) y tres de ellos permanecen en prisión preventiva desde el pasado noviembre.
El caso se empezó investigando en un juzgado de instrucción de Pamplona, pero se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por ver indicios de terrorismo en la agresión.
Los abogados de los ocho jóvenes de Alsasua denunciaron la pasada semana la falta de "imparcialidad" de la Audiencia Nacional. Subrayaron que la Audiencia Nacional no ha admitido casi ninguna de las pruebas que han solicitado, mientras que sí ha admitido las de la acusación.
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Goikolea fue la mano derecha de Juan Mari Atutxa en su etapa como consejero de Interior del Gobierno Vasco en la década de los 90. Su antecesora, Miren Dobaran, abandonó el cargo en agosto junto a su “número dos”, Amaya Angulo. Permanecieron al frente de Arkaute apenas un año.
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En concreto, la Prefectura ha acusado a los ayuntamientos de Urruña, Ozaze, Irura e Itsasu de violar el principio de neutralidad que se les presupone. En total, fueron ocho las localidades de Iparralde que colgaron la bandera palestina, pero de momento, la Prefectura ha actuado contra cuatro.
“Txiki y Otaegi no fueron héroes ni mártires”: Fundación Fernando Buesa y Covite denuncian la exaltación de ETA en el aniversario de sus fusilamientos
En un comunicado conjunto, ambas asociaciones reclaman, asimismo, a todas las instituciones públicas, locales, autonómicas y estatales, "que no promuevan ni respalden actos de homenaje a estas personas".