Los CDR denuncian 'los intentos de criminalización' y aseguran que seguirán

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han denunciado, en un comunicado, "los intentos de criminalización, sea de la prensa o la Fiscalía, todos ellos poderes fácticos de un estado represor y fascista", mientras advierten que siguen "más vivos que nunca" y aseguran: "¡no nos detendrán".

El comunicado ha sido publicado en su cuenta de Twitter después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciará ayer que investigará si puede haber delito de rebelión en las actuaciones de protesta de los CDR, que en los últimos días han cortado carreteras y ocupado peajes para reivindicar la libertad de los presos políticos.

Los CDR indican que, "después de coger el timón de las protestas en la calle" han visto "como los medios del régimen han comenzado a difundir mentiras para atacarnos y criminalizarnos".

"Esta campaña orquestada conjuntamente con las fuerzas represoras del estado español -continúan- pretende crear un marco para poder legitimar su represión contra nosotros y ponernos en el punto de mira de la persecución política y poder justificar, también, la persecución judicial".

Aseguran que "los medios y partidos políticos del régimen no tienen miramientos en inventar una supuesta 'kale borroka' que no existe", y añaden que "lo que realmente les da miedo es la existencia de un pueblo unido, alegre y combativo" que practica "el pacifismo activo como método de transformación social".

"Les da miedo que tengamos la capacidad de parar el país, tienen miedo de que cada vez nos organicemos más y tomemos conciencia del poder que tenemos", aseveran los Comités de Defensa de la República.

"Ellos tienen la fuerza de la ley, el poder de la prensa, la violencia de las porras y todos los recursos económicos", indican los CDR, que se proclaman representantes del "pueblo" y dicen "estar aquí para construir la República".

Durante el pasado fin de semana, activistas de los CDR ocuparon varios peajes, como el de la autopista AP-7 a la altura de La Roca del Vallès (Barcelona) y puntos de la provincia de Tarragona, o el de la C-32 a la altura de Sitges (Barcelona), donde levantaron las barreras para permitir que los vehículos pudieran circular sin tener que pagar.