Sare denuncia que las condiciones de prisión de los presos dañan su salud
Con motivo del Día Mundial de la Salud, la plataforma ciudadana Sare ha denunciado en dos actos de protesta en Bilbao y en Pamplona-Iruñea que la política de excepción que se aplica a los presos vascos provoca que "pierdan la salud". Actualmente hay 285 presos en cárceles de España y Francia, de los cuales 22 se encuentran gravemente enfermos.
Sare ha recordado que el 95% de los presos cumple condena en primer grado: "La política penitenciaria de excepción que se aplica a los y las presas vascas con el aislamiento, el alargamiento de las condenas y la política de alejamiento crean situaciones de estrés, ansiedad, dificultades para relacionarse, problemas psicológicos... En el caso de los presos enfermos, estas políticas de excepción suponen un gran obstáculo para poder hacer frente a la enfermedad, ya que, el enfermo no dispone del apoyo de sus seres queridos, ni de condiciones de vida dignas ni del seguimiento de su enfermedad con un médico de confianza" han denunciado.

Protesta en Pamplona. Foto: Sare
Sare ha denunciado asimismo las condiciones sanitarias de los propios centros penitenciarios: "tanto la cárcel como institución, como la actitud y falta de medios de los profesionales de la salud de los centros, influyen de manera negativa en la salud de los y las presas y no permite que se facilite una asistencia sanitaria adecuada. La salud es un derecho fundamental de todas las personas, también de las personas presas. No podemos permitir que bajo la escusa de la seguridad se vulneren los derechos de los y las presas vascas y se sigan aplicando estas medidas de excepción".
La plataforma ciudadana ha dado a conocer que desde 1980 son 20 las personas fallecidas en prisión y 10 han muerto poco después de salir de la cárcel, el último el pamplonés Xabier Rey, muerto en la cárcel de Puerto III. Por ello, han advertido de que "hasta que que esta política de excepción no desaparezca tendremos que seguir viendo y viviendo sus consecuencias". Y han llamado a la sociedad civil y a los agentes sociales, sindicales y políticos para que trabajen conjuntamente para lograr que "se respeten los derechos humanos de las personas presas".
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