Familiares de los jóvenes de Alsasua piden apoyo ante unas penas 'desorbitadas'

Familiares de los ocho jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, siete de los cuales se encuentran en prisión, han reclamado el apoyo y solidaridad de la sociedad ante unas penas, de entre 2 y 13 años de cárcel, que consideran "desproporcionadas".

Con motivo de esta sentencia, los familiares de los jóvenes se han concentrado hoy ante la sede del Parlamento de Navarra con una pancarta con el lema "Justizia", un acto al que también han asistido parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos.

Durante la concentración, los padres y madres de los jóvenes han denunciado la detención el pasado día 5 de cuatro de ellos por riesgo de fuga por orden de la Audiencia Nacional, que emitió la sentencia, y a petición de la Fiscalía.

Una de las madres de los jóvenes condenados, Edurne Goikoetxea, ha señalado a los medios de comunicación que la sentencia concluye con "unas penas de cárcel desorbitadas, que no se corresponden para nada con ese tipo de altercados que dicen que hubo. Nosotros seguimos negando las agresiones como tales, porque el vídeo (que se vio en el juicio) es muy clarificador".

Asimismo, ha censurado las detenciones porque "las personas que estaban con peticiones de 50 años se presentaron a juicio, se presentaron a firmar las cautelares voluntariamente siempre, seguían, después de conocer la sentencia, en sus casas haciendo sus vidas".

Incluso, ha agregado, uno de ellos había vuelto ya al trabajo. "Si eso es riesgo de fuga, que venga dios y lo vea", ha afirmado.

Tras aseverar que "estamos siendo víctimas de todo este montaje", Goikoetxea ha insistido en que tienen previsto recurrir ante la sala de la Audiencia Nacional y, en su caso, ante el Supremo, porque "esto es una desproporción absoluta, están pidiendo penas equiparables a homicidio. No se han demostrado los hechos que vienen como probados, hubo irregularidades de todo tipo en el juicio".

Los familiares de los jóvenes han convocado una manifestación el próximo día 16 en Pamplona, ha indicado Goikoetxea, que ha subrayado que esperan una gran afluencia, porque "esto ya se ha convertido en un caso que afecta a todo el Estado, afecta a la juventud, a las libertades, al sentido de la democracia y a la justicia; nadie se puede quedar impasible en este caso".

Eurodiputados piden la actuación de la Comisión Europea

Por otro lado, un grupo de eurodiputados de PNV, EH Bildu, Izquierda Unida, Podemos y Bloque Nacionalista Galego ha pedido hoy a la Comisión Europea (CE) que actúe "ante la evidente desproporción de las penas recaídas sobre los jóvenes del caso Alsasua".

"Los hechos ocurridos en la localidad navarra que se saldaron con lesiones leves han sido castigados con penas de hasta trece años de cárcel, mientras que, simultáneamente, otros casos parecidos se han saldado con condenas que no implican ni siquiera el ingreso en prisión", afirman los parlamentarios en su carta.

Los eurodiputados recuerdan en su carta remitida al Ejecutivo comunitario que su vicepresidente, Frans Timmermans, aseguró en septiembre de 2017 que estaba "siguiendo el caso de cerca", aunque recordó que la sentencia depende del sistema judicial español, que "debe ajustarse a la Carta Europa de Derechos Humanos".

En este sentido, el propio Timmermans destacó la importancia de "respetar el derecho a un juicio justo" y recordó que la última Directiva europea sobre terrorismo "facilita una serie de reglas para definir a terroristas y ataques relacionadas con el terrorismo".

Los eurodiputados recuerdan que el juez no incluyó en su sentencia el delito de terrorismo, uno de los que había solicitado la Fiscalía, pero que hay tres cuestiones "llamativas" que habrían propiciado "la extremada dureza de las penas".

"La sentencia omite la imputación objetiva de conductas a cada condenado, se utiliza el concepto de 'coautoría funcional' para agravar al extremo las penas y, además, la Audiencia Nacional le hurtó la causa al tribunal local, que debió analizarla al no apreciarse delito de terrorismo", denuncian los parlamentarios.

Basándose en estos argumentos, los firmantes de la carta -Marina Albiol, de IU, Xabier Benito, de Podemos, Izaskun Bilbao, de PNV y Ana Miranda, del BNG- reclaman al Ejecutivo comunitario "que valore si las penas impuestas a los procesados cumplen con el artículo 493 de la Carta de Derechos Fundamentales", relativo a la proporcionalidad de las penas.