Los jóvenes de Alsasua, condenados a penas de hasta 13 años, pero no por terrorismo

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que oscilan entre los dos y 13 años de prisión a los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua el 15 de octubre de 2015.

El tribunal les atribuye los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no considera que deban ser penados por los delitos terroristas que pedían la Fiscalía y las acusaciones populares y particulares al entender que "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".

No obstante, los magistrados sí aprecian las agravantes de abuso de superioridad y odio y consideran probado que los condenados actuaron "movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos".

El Ministerio Público pedía para los ocho acusados entre 12 y 62 años de prisión por cuatro delitos de lesiones y amenazas terroristas.

Pena máxima

En concreto, el Tribunal ha condenado a 13 años a Oihan Arnanz y Iñaki Abad, a 12 años a Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, a 9 años Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Aratz Urrizola, y a dos años a Ainara Urkijo.

La defensa ha anunciado recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Además, los condenados deberán indemnizar al teniente agredido con 9.200 euros, al sargento con 3.750 euros y a las dos mujeres con 6.100 euros a cada una por las lesiones, así como con 45.000 euros por las secuelas daños morales a la novia del teniente y con otros 25.000 a la del sargento.

Aunque no les condena por terrorismo, "ante la gravedad de las conductas" la sala les impone las penas más altas previstas para los delitos porque "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".

El tribunal destaca el "claro, rotundo, contundente y coincidente" testimonio de las víctimas en el juicio, que, "unido a las otras pruebas", acredita que los acusados eran plenamente conscientes de que los agredidos eran miembros de la Guardia Civil y de hecho actuaron por su "animadversión al cuerpo".

No fue, dice, "una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión", dado que se produjo con "brutalidad", las víctimas no fueron auxiliadas por nadie salvo por el dueño del bar y ocurrió en un clima de "violencia verbal y amenazas directas".

Los padres de los jóvenes han manifestado este viernes, tras conocer la sentencia, que "todas sabíamos que la acusación de terrorismo no tenía base y que después del juicio la intención era conseguir las penas máximas dejando a un lado el terrorismo".

Así lo han afirmado en Twitter tras conocer la sentencia. Los padres y madres de los encausados han indicado en un tuit que "hoy nuestras sospechas se han confirmado". "Entre 13 y 2 años por unos hechos que la acusación no consiguió probar", han censurado.

Tras ello, han señalado que no se quedarán "de brazos cruzados observando cómo roban la juventud de nuestros hijos e hijas" y han hecho un llamamiento a participar en una concentración esta tarde a las 20:00 horas frente al Ayuntamiento de Alsasua.

Además, en una comparecencia realizada esta tarde, las familias de los ocho jóvenes han calificado la sentencia como una "venganza" y ha anunciado que conovocará una manifestación el próximo 16 de junio en Pamplona.

Asimismo, han explicado que sus abogados presentarán un recurso y que ya están trabajando en ese sentido.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha celebrado que la sentencia haya acreditado "la paliza a las víctimas movida por el odio a los agentes".

La asociación de guardias civiles ha indicado que "confía" en la que esta "hostilidad" hacia los agentes se vaya reduciendo hasta conseguir una "convivencia deseable en toda sociedad democrática". Y ha apuntado que no es "aceptable" que los guardias civiles y sus familiares no puedan vivir en paz a causa del uniforme que visten.