Víctimas de ETA advierten de que no aceptarán acercamientos generalizados de presos

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que vaya a autorizar acercamientos generalizados de presos de ETA. En este sentido, ha prometido a las asociaciones de víctimas de ETA, con las que se ha reunido por primera vez, la aplicación estricta del principio de legalidad.

En declaraciones a la prensa Grande-Marlaska ha pedido que haya "entendimiento recíproco" entre Interior y las asociaciones de víctimas. "Conozco a las víctimas desde hace mucho tiempo y me han enriquecido desde hace años, ha sido un encuentro leal de intercambio de opiniones", ha señalado antes de subrayar que las víctimas son "las personas más solidarias con el Estado de Derecho desde siempre".

Las asociaciones de víctimas han recibido positivamente las palabras del ministro del Interior, sobre todo por su compromiso de que serán informadas previamente a que se apruebe cualquier beneficio penitenciario de acuerdo a lo establecido por la ley. También han advertido de que estarán vigilantes y saldrán a la calle si previamente no se exige colaboración con la Justicia y arrepentimiento.

A las principales organizaciones de víctimas les preocupan las declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también del ministro Grande-Marlaska señalando que se ha abierto una nueva etapa para la política penitenciaria con la disolución de ETA.

"Cualquier cambio que se realice ahora en política penitenciaria sería interpretado por ETA como una cesión por su disolución", ha defendido la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que quiere que se mantenga la política de dispersión.

COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) ha pedido "un rechazo individual y sin trampas a la violencia que han ejercido como línea roja para acercar a los presos de ETA". En este sentido, ha mostrado su preocupación por que el debate político con el cambio de Gobierno se haya centrado en el futuro de los presos de ETA, en lugar de en asignaturas pendientes como crímenes sin resolver.

Desde Dignidad y Justicia, la cesión de competencias penitenciarias o el acercamiento de presos sin previa colaboración con la Justicia supondría una "cesión ante Bildu y el entorno de ETA". De ahí que avisen al Gobierno de Pedro Sánchez: "nos tendrán en la calle".