Un imputado reconoce que De Miguel cobró comisiones ilegales

El ex ‘número dos’ del PNV de Álava Alfredo de Miguel, principal imputado en una presunta trama corrupta, recibió comisiones ilegales del grupo catalán Construcciones Riera a cambio de sus gestiones para impulsar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana.

Así lo ha confirmado en el juicio de la Audiencia de Álava Josu Arruti Letemendia, el administrador único de la sociedad mercantil Sidepur, una de las empresas investigadas por esta presunta trama en la que están implicados varios exdirigentes del PNV en el mayor caso de corrupción instruido en Euskadi con 26 imputados.

El juicio ha abordado hoy uno de los bloques en los que se divide la trama, concretamente el relacionado con la fallida operación de recalificación de terrenos en la pequeña localidad alavesa de Zambrana para instalar un polígono industrial.

Según la Fiscalía, Arruti, a través de la sociedad Sidepur, buscó para la operación en Zambrana la inversión de la constructora catalana –Grupo Riera-, que supuestamente abonó comisiones por las gestiones políticas hechas para llevar a cabo la recalificación.

Hoy es la primera vez que uno de los imputados reconoce que se produjeron cobros de comisiones ilegales y ha sido Josu Arruti, que ha asegurado que su empresa fue contratada por el Ayuntamiento de Zambrana gracias a su relación con De Miguel, también diputado foral de Álava, a quien conocía por estar ambos en el mismo partido, el PNV. "Era mi aval", ha subrayado.

Arruti, para quien el fiscal pide 19 años y 10 meses de cárcel, es uno de los acusados con los que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo para rebajar penas a cambio de reconocer delitos.

A preguntas del fiscal, ha reconocido que tanto él como De Miguel acordaron en 2005 pedir al Grupo Riera una comisión de 161.000 euros para cada uno, lo que fue aceptado por Francesc Fernández, uno de los responsables del grupo constructor catalán.

"¿Qué te parecería que al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ti y para mí?", ha dicho Arruti que le preguntó De Miguel en una conversación argumentando que él tenía conocimiento del sector público y privado e "interlocución directa" con las administraciones.

A Arruti le pareció bien y se trasladó a Cataluña para planteárselo a uno de los responsables de Riera, Francesc Fernández, también imputado, quien al cabo de unos días aceptó incluir las comisiones "dentro de los honorarios profesionales".

Además, Fernández le comunicó a Arruti que contaría con él y con De Miguel para que en el futuro desarrollo del polígono industrial, que finalmente no se hizo, pudieran ofertar sus servicios a las empresas que se instalaran.

Arruti ha añadido que desde la cuenta de su padre abonó a De Miguel las cantidades pactadas a través de Kataia, la empresa sobre la que al parecer pivota esta trama y que fue impulsada por el exdirigente del PNV alavés y sus compañeros de partido, también imputados, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería.

En este sentido, Arruti ha reconocido también que no cumplió con sus obligaciones tributarias con la Hacienda vizcaína y que una vez que firmó el contrato con Construcciones Riera en septiembre de 2005 utilizó esa cuenta de su padre para hacer diversos pagos, una práctica de la que hoy se ha arrepentido y ha tachado de "error".

A través de dicha cuenta recibió fondos de Construcciones Riera e hizo "pagos a Kataia" y a otros proveedores, ha insistido.

También ha declarado hoy la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo (PNV), que solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del tribunal y ha reconocido que contactó con el ABB, la ejecutiva del PNV alavés, para que le pusieran en contacto con alguna persona que le asesorara sobre los pasos a dar para la creación de un polígono industrial.

Allí le dijeron que esa persona que le podía ayudar era De Miguel, a quien conocía "de vista", quien posteriormente le puso en contacto con Josu Arruti, a quien la exalcaldesa no había visto "nunca".

Angulo ha negado que interviniera en las reuniones entre los promotores del polígono y los propietarios de los terrenos, ha dejado claro que no conocía la existencia de la empresa Kataia y ha insistido en que ningún concejal dudó de la legalidad del acuerdo con Sidepur.