El fiscal rebaja las peticiones de pena contra todos los acusados del caso De Miguel

En el juicio del caso De Miguel, la Fiscalía de Álava ha trasladado su escrito definitivo de acusaciones con una rebaja de petición de penas para los 26 acusados. El principal acusado y ex número dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel, se enfrenta ahora a una petición de 30 años de cárcel frente a los 54 que inicialmente solicitaba el Ministerio Público. En el caso de los nueve acusados que han logrado un pacto con la Fiscalía, la rebaja de penas ha sido considerablemente superior. Para seis de ellos se solicita la libre absolución, mientras que los tres restantes se enfrentan a unas penas muy inferiores a las solicitadas inicialmente.

El nuevo escrito de acusación remitida por la Fiscalía a las partes, recoge una notable reducción en la petición de penas para todos los acusados.

La suma de petición de penas de la Fiscalía contra Alfredo De Miguel asciende, concretamente, a 29 años y nueve meses de prisión por una veintena de delitos, entre ellos, cohecho, prevaricación, coacciones o malversación de fondos. La Fiscalía le considera el cabecilla de una trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos.

Las peticiones de pena para los otros dos principales acusados, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, son ahora de 13,5 y 14 años de cárcel respectivamente, bastante inferiores a los 31 y 32 años que pedía el fiscal inicialmente. Según el escrito del Ministerio Público crearon junto a De Miguel un entramado societario encaminado a obtener un beneficio ilícito aprovechándose de las relaciones políticas y administrativas que tenían por su pertenencia al PNV.

La reducción de penas es más destacable para las esposas de los tres principales acusados. Para Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo De Miguel, que afrontaba una petición de 30 años de cárcel, el Ministerio Público solicita ahora 5 años de cárcel. La petición de 5 años es igual para Araceli Bajo, esposa de Aitor Telleria, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Koldo Otxandiano. Inicialmente, la petición fue de 21 y 22 años, respectivamente.

El pacto al que han llegado nueve de los acusados y la Fiscalía tiene su reflejo en el nuevo escrito de acusaciones. Josu Arruti, que confesó que tanto él como De Miguel recibieron comisiones ilícitas, se enfrenta ahora a 2 años de cárcel frente a los 20 que el fiscal pedía inicialmente contra él. Para su hermana y su cuñado pide ahora la libre absolución. Lo mismo ocurre con los empresarios catalanes que reconocieron haber pagado comisiones ilegales. El Ministerio Público pide ahora su libre absolución porque los delitos habrían prescrito. Para otros tres empresarios, socios de los anteriores, también se pide su absolución, en este caso por falta de pruebas. La Fiscalía pide ahora 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el que fuera viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Gurutz Larrañaga. La petición inicial era de 7 años de cárcel.