El Parlamento Vasco aprueba tramitar la reforma de la ley de abusos policiales
El pleno del Parlamento Vasco ha dado el visto bueno a la tramitación de la reforma de la ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original. La toma en consideración del texto ha sido respaldada por Elkarrekin Podemos, mientras que EH Bildu se ha abstenido y el PP ha votado en contra.
El PNV y el PSE-EE han defendido la necesidad de una ley de este tipo para reconocer a unas víctimas que han permanecido "olvidadas" hasta ahora, y han rechazado que reparar a este colectivo suponga "equiparación o justificación" alguna del terrorismo de ETA.
Elkarrekin Podemos ha apoyado la tramitación del texto pese a que se queda "corto", mientras que EH Bildu se ha abstenido en la votación de una norma que considera "descafeinada". El PP, por su parte, ha denunciado que pese a los cambios, la ley carece de "acomodo constitucional", y busca el "descrédito" de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).
La modificación de esta ley, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, continuará a partir de ahora su tramitación en la Cámara autonómica.
Esta reforma legislativa es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto por los gobiernos central y vasco, por el que el Ejecutivo del PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la ley original, al entender que invadía competencias de los tribunales de justicia.
Los cambios consensuados entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y el Ejecutivo socialista inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la reparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente "asistencial", sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia.
Pese a estas modificaciones, los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, así como varias organizaciones de víctimas del terrorismo, se han mostrado críticos con el texto, al considerar que sus contenidos contribuyen a "blanquear el terrorismo de ETA".
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