El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba medidas simbólicas para Cataluña
El Gobierno español considera que la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, evidencia que el diálogo es el que puede "encauzar" la salida del conflicto y niega que esté realizando concesiones a los independentistas.
Es la lectura que de esa reunión ha hecho la ministra de Educación y portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, una sesión en la que se han aprobado varias decisiones simbólicas que suponen gestos hacia Cataluña.
Entre ellas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido cambiar la denominación oficial del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que pasará a incluir el nombre de Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración de reparación y reconocimiento a favor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluìs Companys, y ha proclamado de forma "pública y solemne" la "restitución de la plena dignidad" del dirigente político.
Lluís Companys fue presidente de la Generalitat de Cataluña de 1934 a 1940, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y ministro de la Marina de España en 1933. Tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil a Francia, pero fue capturado y sometido a un consejo de guerra.
Tras el consejo, el dictador Francisco Franco dio el "enterado" a su sentencia de muerte y fue fusilado al alba el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuic (Barcelona), que hacía las veces de prisión.
El Gobierno español también ha aprobado licitaciones por un valor de 112 millones de euros para mejorar algunas infraestructuras de Cataluña.
La Generalitat critica las "medidas estéticas"
Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha desdeñado hoy los acuerdos "sectoriales y estéticos" del Consejo de Ministros relativos a Cataluña, por los que cree que no merecía la pena desplazar a todo el Gobierno hasta Barcelona con el coste que ello conlleva.
En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, Artadi ha valorado así el Consejo de Ministros en Barcelona, en concreto los acuerdos para rebautizar el aeropuerto de El Prat como Josep Tarradellas, la declaración sobre el juicio de Lluís Companys y los anuncios en infraestructuras.
"Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto, repetir una frase que ya dijiste en 2009 -cuando hubo un reconocimiento de Companys por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y para unas promesas de infraestructuras de hace 10 años que no se han ejecutado, quizás no era necesario venir aquí a Barcelona, por el coste que ha supuesto el desplazamiento", ha afirmado la consellera.
En esta línea, ha remarcado que el Consejo de Ministros ha provocado el despliegue de medidas de seguridad y ha causado "inconvenientes", para que al final solo hubieran anuncios a su juicio "estéticos o sectoriales" en relación a Cataluña.
En cuanto al aeropuerto barcelonés, ha criticado que se haya realizado el cambio de nombre "sin ningún tipo de acuerdo" con la Generalitat y, aunque el Govern no tiene problemas con la figura de Josep Tarradellas, sí que cree que las reivindicaciones de los últimos años desde las instituciones catalanas no son por el nombre, sino por la gestión de esta infraestructura clave.
De la declaración de rechazo a la condena a muerte de Companys, Artadi ha indicado que no es "nada nuevo", ya que en 2009 el Gobierno de Zapatero ya hizo un reconocimiento en la misma línea del presidente catalán fusilado por el franquismo.
En este sentido, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a ir más allá y a tramitar, o apoyar, una iniciativa parlamentaria en el Congreso para decretar la nulidad de ese y del resto de juicios sumarísimos del franquismo.
Sobre las autorizaciones para licitar contratos de conservación de carreteras de Cataluña por valor de 112 millones de euros, Artadi ha puntualizado que se trata de obras presupuestadas en diversos ejercicios de los últimos 10 años y que no se han ejecutado.
La celebración del Consejo de Ministros en Barcelona ha provocado que el centro de la ciudad se haya convertido en el epicentro de las movilizaciones contra el Gobierno español. Las multitudinarias protestas se han saldado con cargas policiales, al menos 12 detenidos y medio centenar de heridos.
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