La Fiscalía, en sus conclusiones del juicio del procés: 'Fue un golpe de estado'

Tras casi cuatro meses, el juicio del "procés" ha entrado en su recta final. Las acusaciones presentan hoy sus informes finales con los que justificarán por qué los acusados deberían ser condenados en opinión de la Fiscalía por rebelión y de la Abogacía del Estado por sedición.

El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio, que puedes seguir en directo, asegurando que "lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en terminología del jurista Hans Kelse se llama golpe de estado". Asimismo, ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".

Zaragoza ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; el "procés", ha dicho, fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que no puede ser considerado una sedición.

Ha denunciado los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo "violencia física, compulsiva e intimidatoria".

Así, la Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas de "haber intentado liquidar la Constitución" y de "haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario".

Según Zaragoza, "la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución".

"Ningún acusado quiere asumir responsabilidades", denuncia

Otra parte de la intervención de Zaragoza ha ido dirigida a rebatir las declaraciones realizadas por los 12 acusados durante sus interrogatorios en el juicio. Tras escucharles, según el fiscal, "uno puede tener la sensación de que este plan ha sido una ficción o un mal sueño porque ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades".

"Pero la realidad", según ha añadido, "es que no cumplieron ni uno de los 10 autos y sentencias dictados por el Tribunal Constitucional frente a los actos ilegales que iban cometiendo".

"No querían derogar la Constitución, pero aprobaron Ley de Transitoriedad política; manifestaban que el referéndum era una consulta que carecía de efectos jurídicos, entonces ¿para qué el artículo 4 de la ley de transitoriedad que le daba dichos efectos", ha añadido el fiscal.

Zaragoza, durante su exposición. Foto: EFE

Junqueras, "motor principal de la rebelión"

El fiscal ha cargado contra el "monólogo" que hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha calificado de "ejercicio de cinismo sin precedentes".

En opinión de Zaragoza, Junqueras fue, de hecho, el "motor principal de la rebelión" dado que es quien ejercía el "liderazgo" del "procés" y "quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera".

Sobre el el exconsejero catalán, Joaquim Forn, Zaragoza ha dicho que "tuvo el control absoluto de los Mossos" para el 1-O.

Zaragoza ha hecho especial hincapié en sus colaboradores más cercanos en la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové y Lluís Salvadó —ambos procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el marco de la preparación del 1-O—, quienes, según ha indicado, eran los encargados de "toda la infraestructura del referéndum y de la creación de las estructuras de Estado" de la futura república catalana. En este punto ha hecho referencia a la conocida agenda Moleskine de Jové, donde se tomaron anotaciones de las reuniones.

Por último, el fiscal ha asegurado que los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, "fueran dueños y señores del orden público en Barcelona".

Según Zaragoza, los 12 acusados utilizaron tres pilares: el Parlament (mediante la aprobación de leyes inconstitucionales como la del Referéndum y la de Transitoriedad Política, la actuación del Govern (como "maquinista principal del proceso") y las asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, que utilizaron la movilización popular como un "arma imprescindible" para sus fines.

"No están todos los que son, pero sí son todos los que están", ha destacado, por último, Zaragoza.

La Fiscalía cuantifica la malversación de fondos públicos en 3 millones de euros

La fiscal Consuelo Madrigal ha asegurado el Gobierno de Carles Puigdemont actuó como una "organización criminal" para sufragar los gastos del referéndum, y para ello se sirvió de "maniobras para encubrir delitos" y "estrategias negacionistas".

Así lo ha dicho en su turno de exposición de las conclusiones definitivas, que se ha centrado en la malversación de caudales públicos de la que acusa a nueve de los 12 acusados. Considera que la malversación fue esencial en el "execrable ataque a la esencia del Estado social y de derecho en que se sustenta la monarquía parlamentaria española".

En cuanto a los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, que son los que no están en prisión provisional, los considera igualmente "responsables últimos y máximos de todos y cada uno de los desvíos de fondos públicos", el de asumir de forma solidaria con el resto de miembros del exGovern. Por este motivo se les pide condena por desobediencia y aparte por malversación.

A lo largo de su intervención, Madrigal se ha dedicado a desgranar todas y cada una de las pruebas que sustentan la atribución de la malversación, que ha cuantificado en unos 3 millones de euros. La Fiscalía asume además el argumento expuesto por los peritos de Hacienda en el sentido de que el daño al erario público se produce siempre que el servicio se haya prestado, con independencia de que llegara finalmente a abonarse.

Así, ha incidido en que llevaron a cabo un "ejercicio abusivo de funciones públicas" para "decidir, ordenar, impulsar, apoyar acciones y gastos para articular el referéndum", pese a las "reiteradas" advertencias del Tribunal Constitucional de sus "deberes de paralizar e impedir" todo aquello relacionado con el 1-O.

La fiscal ha continuado señalando que desde el Gobierno de Puigdemont se omitieron las resoluciones del tribunal de garantías tras la aprobación por el Parlament de Cataluña de la ley del referéndum, y que tras ello los consejeros acordaron "por unanimidad" el decreto de convocatoria de la consulta y unas horas después, ya el día 7, suscribieron el acuerdo "conjunto y solidario" para hacer frente a los gastos del referéndum y conseguir que se celebrase "con éxito".

"Estamos ante un desvío de fondos que puede ascender a tres millones de euros, pero a esta suma se le debe añadir a efectos penales de plus de criminalidad el desvío de fondos públicos desplegados para la articulación de la campaña del referéndum", ha enfatizado.

Durante su alegato, Madrigal ha hecho referencia a los empresarios a los que la Generalitat encargó servicios relacionados con el referéndum y que declararon como testigos ante el tribunal que no cobraron estos trabajos, sino que emitieron facturas negativas. Para la fiscal, este tipo de facturación "no significa una renuncia" al cobro o pago.

Además, ha recordado que no fueron capaces de contestar a algunas de las preguntas que se les realizó, por lo que ha concluido que "el silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente".

"Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma", ha afirmado Madrigal.

Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Foto: EFE.

La Abogacía del Estado cree que la violencia no es 'elemento estructural' del 'procés'

La Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, también ha defendido sus acusaciones, en este caso por sedición, en la presentación de su informe final durante el juicio al proceso independentista de Cataluña.

Seoane ha descartado el delito de rebelión del que acusa la Fiscalía, dado que cree que la violencia no es "uno de los elementos estructurales del plan" de los acusados para alcanzar la independencia ni se organizó "de forma proporcionada".

Acusaciones

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantuvo su petición inicial de 25 años de cárcel por rebelión y malversación para el exvicepresident de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y mantuvo igualmente su petición inicial de pena para los otros ocho procesados por delito de rebelión.

La Abogacía del Estado también ratificó su postura inicial; en su caso solicitó una condena máxima de 12 años para Junqueras por sedición y malversación.

Vox, por su parte, tan solo modificó su petición para Santi Vila, a quien acusa finalmente de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel. Además, solicita 74 años de prisión para Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados.