Agentes políticos y sociales denuncian la gravedad de la sentencia del procés
Miles de personas se han dado cita este sábado, 19 de octubre, en Donostia-San Sebastián en la marcha organizada por la plataforma Gure Esku contra la sentencia del "procés" y en apoyo a los políticos catalanes encarcelados, bajo el lema "Erreferenduma ez da delitua" ("Referéndum no es delito).
Dirigentes y cargos públicos del PNV, EH Bildu y Podemos, responsables de los sindicatos ELA y LAB así como de organizaciones sociales y miles de ciudadanos anónimos se han sumado a esta protesta para denunciar la "enorme injusticia" de la sentencia del Tribunal Supremo" que ha condenado a penas de entre 9 y 13 años a los políticos independentistas.
Antes de la marcha, el cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluís Llach, ha agradecido ante los medios de comunicación esta muestra de solidaridad y ha destacado que el fallo del Tribunal Supremo "ha dejado sin validez las garantías democráticas básicas del Estado".
Llach ha añaddo que aunque "no está por ningún tipo de violencia" no quiere condenar los actos vandálicos que se han producido en los últimos días en Cataluña "mientras la policía del Estado y de la Generalitat actúe como actúa".
"Después de cada una de las manifestaciones pacíficas ha habido provocaciones por parte de la Policía y de los Mossos y lamentablemente han sido respondidas".

Lach ha asegurado que el independentismo catalán "ha sido siempre un movimiento pacífico, de eso no hay ninguna duda, y lo ha demostrado durante años".
El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, tras mostrar su "solidaridad y cercanía" con Cataluña y con los representante políticos y sociales condenados, ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo, conocida este pasado lunes, es "muy grave tanto política como jurídicamente".
"Nosotros no pensamos que la solución al conflicto catalán ni a la cuestión vasca van a venir nunca de sentencias ni de aplicaciones de legislaciones extraordinarias. Tendrán que venir del diálogo y del sistema democrático", ha defendido.

Asimismo, ha sostenido que "este camino no puede tener violencia", ya que "la violencia no tiene sentido ni sitio en la lucha en favor de los derechos nacionales catalanes o vascos". Por ello, ha considerado que quienes están recurriendo a la violencia hacen "un flaco favor y van contra esos derechos nacionales y contra una lucha que tiene que ser democrática".
La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, por su parte, ha mostrado su solidaridad al pueblo catalán y ha considerado "absolutamente vergonzosa" la sentencia del Tribunal Supremo, que "muestra la involución antidemocrática del Estado". Por ello, ha realizado un llamamiento a soberanistas vascos, catalanes y gallegos a "hacer un camino juntos, entre todos".
"Hemos visto cientos de miles de personas en Cataluña diciendo que el referéndum no es delito y que dar la palabra al pueblo no es delito", ha indicado.

Cuestionada por los incidentes ocurridos en los últimos días en las calles de numerosas ciudades catalanas, la dirigente de EH Bildu ha dicho que le llama la atención que se ponga tanto el "foco en los incidentes cuando hemos visto a cientos de miles de catalanes que se han manifestado pacíficamente".
"En todo caso, EH Bildu siempre apuesta por las vías democráticas y pacíficas y es lo que están haciendo también las fuerzas políticas catalanas", ha concluido.
El representante de Podemos Euskadi Josetxo Arrieta ha señalado que Podemos Euskadi está en contra de la "sentencia política dictada por el Tribunal Supremo" y ha apostado por "buscar otras salidas" a la situación generada en Cataluña. Asimismo, ha defendido la necesidad de "dar voz y libertad a los pueblos, sin cerrar las puertas al diálogo".
Arrieta ha dicho que en las movilizaciones "a veces puede haber desmanes pero no se puede criminalizar la movilización popular". "Desde ciertos medios se intenta criminalizar. Hay que intentar que no hayas desmanes, pero algunos intentan criminalizar todo lo que ocurre en Cataluña", ha finalizado.

Desde el lado sindical, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que el Estado español ha demostrado que "no es un estado democrático", ya que "según se avanza en democracia él lo hace en dirección contraria". "Pero lo que es una realidad es que no hay ni legalidad ni represión judicial o policial que pueda parar la voluntad popular", ha defendido: "Si hay una mayoría social que apuesta por la autodeterminación ese derecho se terminará ejercitando".
Junto a la dirigente de LAB, también ha estado presente en la marcha su homólogo de ELA, Mitxel Lakuntza, quien ha señalado que la sentencia deja como conclusión un momento político "caracterizado por una recentralización por parte del Estado".
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