El Tribunal Constitucional suspende el Plan de Acción Exterior de Cataluña
El Tribunal Constitucional ha suspendido este miércoles el Plan de Acción Exterior de Cataluña, como reclamó el Gobierno de España en funciones de Pedro Sánchez, que considera que esta iniciativa excede el ámbito de actuación de la Generalitat y no respeta la competencia del Estado en materia de coordinación de acción exterior.
En una providencia, el pleno del Tribunal de Garantías atiende por unanimidad la suspensión cautelar solicitada por el Ejecutivo español y avalada por el Consejo de Estado contra el Plan Estratégico de Acción Exterior y Relaciones con la UE 2019-2022, aprobado el pasado 25 de junio.
Lo ha hecho una vez que el Gobierno de España invocó el artículo 161.2 de la Constitución, para que se produzca la suspensión inmediata después de que el Ejecutivo catalán contestara negativamente al requerimiento de incompetencia que se le remitió en agosto.
La suspensión tiene efecto desde el 28 de octubre, cuando el Ejecutivo de España interpuso el conflicto positivo de competencia. Ahora, el Constitucional da traslado al Gobierno de la Generalitat para que aporte los documentos y alegaciones que considere oportunas.
Impugnado el día 18
El Gobierno español acordó el pasado día 18 impugnar ante el Tribunal de Garantías ese Plan de Acción Exterior de la Generalitat, al entender que menoscaba las competencias del Estado en política exterior y vulneraba el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias.
Como argumentó entonces la portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, el plan no menciona otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinarla y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza.
Y todo ello, enmarcado en el contexto en el que ha sido aprobado, que, en palabras del Consejo de Estado citadas por la portavoz, es el de "un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España".
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo en agosto un requerimiento al de la Generalitat, en el que le advertía de esas cuestiones, pero el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, respondió que su política exterior es "plenamente legal, legítima y necesaria", y que no iba a mover "ni una coma" del mismo.
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