Seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación a Chaves por el caso ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".

La Audiencia de Sevilla también ha condenado al exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE.

Asimismo, la Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en el mismo caso.

Magdalena Álvarez entrando esta mañana a la Audiencia de Sevilla. Foto: EFE

La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada por la Audiencia de Sevilla a seis años y dos días de prisión y 15 de ihhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación en concurso medial con uno de prevaricación.

El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Además, la Audiencia de Sevilla ha condenado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

También ha condenado, en este caso, a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación al exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación. Y a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, a 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por malversación y a 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha sido absuelto de los delitos continuados de prevaricación y malversación por los que fue juzgado en el caso de los ERE y por los que la Fiscalía le pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación.

1.700 folios de sentencia

Los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la causa conocida como pieza política de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han conocido hoy la sentencia en la misma sala judicial, donde han sido citados junto a sus procuradores, para hacerles entrega de un 'pendrive' con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel.

Según han informado fuentes judiciales, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no han estado presentes, y la sentencia les será entregada uno a uno por una funcionaria.

En concreto a estos ex altos cargos la Fiscalía les acusaba de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y para ayudar a los trabajadores.

Los 21 ex altos cargos están acusados de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Las solicitudes de penas iban desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

De otro lado, los acusados que se enfrentaban a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el exinterventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.