Denuncian en Pamplona la "vulneración sistemática" de los derechos de los presos
Pamplona ha acogido este sábado un acto de protesta por la "vulneración sistemática" de los derechos que en el Estado español afecta a cerca de 8.000 presos que cumplen sus penas en cárceles alejadas de sus lugares de arraigo, un perjuicio que aún es mayor con las restricciones obligadas por la COVID-19.
El acto ha sido convocado por los colectivos Salhaketa, Etxerat, Altsasu Gurasoak y Sare Herritarra, unidos en la dinámica #SOSPresoakCOVID19, con la que denuncian la situación especialmente penosa durante la pandemia de los presos alejados de sus casas, que dificulta las comunicaciones con sus allegados.
Son cerca de 8.000 los presos que en todo el Estado cumplen condena lejos de sus lugares de arraigo, 184 navarros, un número que en trazos blancos de gran tamaño han puesto los organizadores sobre una tela negra en el suelo de la plaza del Castillo.
Mientras que por megafonía se oía una grabación con los argumentos del colectivo, dos personas han puesto alrededor del número 184 papeles con los nombres de estos presos navarros, con decenas de asistentes colocados alrededor, provistos de mascarillas y guardando las distancias, mientras sostenían pequeños carteles con lemas en euskera y castellano como "Cumplimiento de los terceros grados en casa" o "Recuperación de todas las comunicaciones por cristal y vis a vis".
Finalizada la colocación de los nombres, dos personas han leído, una en euskera y otra en castellano, un comunicado en el que han explicado su denuncia sobre la "necesidad de implementar en las cárceles medidas para garantizar, entre otros, el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas".
Han alertado de que la desescalada en las calles no ha ido a la par que el correspondiente relajo de las medidas en las cárceles, donde "a día de hoy siguen sin restablecerse las visitas con más de dos familiares ni se han retomado las comunicaciones vis a vis, siguen manteniéndose las cuarentenas obligatorias a la vuelta de los permisos de salida o de cualquier salida al exterior, siguen sin retomarse todas las actividades en prisión".
Ante esta situación han constatado que la Ley General Penitenciaria establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en su lugar de arraigo y que corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidir el lugar de cumplimiento de cada preso y, por lo tanto, hacer efectivo este derecho, pero "los datos oficiales de la Secretaría evidencian que ésta vulnera sistemáticamente este derecho de las personas presas".
Los manifestantes sostienen carteles en la plaza del Castillo de Pamplona. Foto: EFE
Por todo ello, finalizado el estado de alarma, han interpelado de nuevo a los gobiernos estatal y navarro para que, cada uno de ellos desde su ámbito, "se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas" exigidas por estos colectivos, especialmente la de "poner fecha límite a las situaciones que se están manteniendo en las cárceles y que suponen una absoluta vulneración de los derechos".
En el acto han participado unas 200 personas, entre ellas la diputada de EH Bildu Bel Pozueta y su compañera en el Parlamento foral Bakartxo Ruiz.
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