Juan Carlos I abandona España en plena investigación de su fortuna opaca

El rey emérito, Juan Carlos I, se exilia ante las investigaciones abiertas en Suiza y España por su fortuna no declarada en paraísos fiscales. Así lo ha confirmado este lunes la Casa Real, que ha informado de que el exjefe de Estado ha comunicado a su hijo, el monarca Felipe VI, su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España "ante la repercusión pública de ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Según algunos medios, Juan Carlos I ya habría abandonado España.
La situación de Juan Carlos I después de su abdicación y su posterior retirada de la vida pública tuvo un punto de inflexión el pasado 15 de marzo. Ese día Felipe VI anunció que en su día renunciará a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación que hasta entonces recibía de los presupuestos del Estado, casi 200 000 euros anuales. Lo hizo ante las informaciones publicadas sobre la investigación del origen de los 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a Juan Carlos I por la construcción del AVE a La Meca.
Casi dos años antes, en julio de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó a declarar al excomisario Villarejo tras conocerse unas grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres en la que la que Corinna Larsen, expareja del antiguo monarca, habría desvelado que éste tenía cuentas en Suiza donde habría cobrado esas comisiones procedentes de Arabia Saudí y que la utilizó como testaferro.
Meses después, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias, y en marzo de este año, tras publicarse declaraciones ante el fiscal suizo Yves Bertossa del abogado de Larsen sobre el "regalo" de los 65 millones de euros a su clienta y de los gestores de la cuenta de Lucum, Arturo Fasana y Dante Canónica, envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre esa supuesta donación.
Las informaciones aparecidas en prensa obligaron a Felipe VI a renunciar a la herencia de su padre y a privarle de una asignación presupuestaria, ya que el actual monarca aparecía como segundo beneficiario de la fundación panameña.
Mientras Corinna Larsen continuó haciendo declaraciones en las que aseguraba que se había puesto en contacto con Juan Carlos I para intentar acabar con lo que consideraba una "campaña de abuso" contra ella, el pasado 8 de junio la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que asumía la investigación que hasta entonces dirigía Anticorrupción.
El objetivo de la Fiscalía es delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, ya que fue entonces cuando perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como jefe de Estado.
La evolución de los acontecimientos provocó un nuevo intento de varios grupos del Congreso, entre ellos Unidas Podemos, actualmente en el Gobierno, de crear una comisión de investigación parlamentaria, pero los votos de PSOE, PP y Vox volvieron a impedirlo.
El mes de julio, sin embargo, abrió la puerta a una avalancha de noticias sobre los negocios turbios del exjefe de Estado.
Así, se sucedieron titulares como que Larsen declaró que los 65 millones que le transfirió don Juan Carlos en señal de "gratitud" procedían de una donación del ya fallecido rey Abdalá de Arabia Saudí o que Canónica afirmó que el padre de Felipe VI le encargó en Zarzuela "crear una estructura" para transferir una "importante donación" que iba a recibir de Abdalá.
También que Juan Carlos I hizo cuantiosas y periódicas retiradas de efectivo de la cuenta a nombre de Lucum por importes que superaban los 100 000 euros al mes entre 2008 y 2012.
Noticias que han ido alimentando declaraciones de partidos diferentes partidos políticos sobre la inviolabilidad de la Corona y la utilidad de la monarquía, pero también llevaron al Gobierno a lanzar una serie de mensajes que hacían presagiar un anuncio como el hecho público este lunes.
Así, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones que se iban conociendo, aunque al mismo tiempo agradecía a Felipe VI que se hubiera distanciado de ellas.
"Es una decisión que tomo con gran serenidad"
En la misiva enviada su hijo, el rey Felipe VI, Juan Carlos I señala que abandonar España "es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad". Además, añade que ha tomado esta decisión "para contribuir a facilitar el ejercicio" de las funciones de su hijo como jefe de Estado.
Afirma asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad". "Mi legado y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen", continúa Juan Carlos I.
En un comunicado, la Casa Real ha subrayado que Felipe VI ha transmitido a su padre "su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión".
"El rey -reza el texto- desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico".
Tras el comunicado de Zarzuela, el abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco, ha emitido otro en el que informa de que el anterior jefe del Estado le ha dado instrucciones para que haga público que, pese a su decisión de trasladarse fuera de España, "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".
El Gobierno de España respeta la decisión de Juan Carlos I
El Gobierno de España ha expresado su respeto por la decisión de Juan Carlos I, y ha hecho hincapié en "el sentido de la ejemplaridad y la transparencia" del actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI.
El pasado 8 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó de que las informaciones sobre el rey emérito eran "inquietantes y perturbadoras". Hace solo una semana, defendió la conveniencia de que la Casa Real diera pasos para "fortalecer" la "transparencia y la ejemplaridad".
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