Los ayuntamientos podrán finalmente hacer uso de su superávit

El Ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3000 millones de euros.

No obstante, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, por "falta de consenso".

Esta iniciativa llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.

El objetivo del nuevo decreto, según ha informado el Ministerio de Hacienda y ha adelantado la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a 'La Sexta', es recuperar el 85 % de las medidas que ya se incluían en el derogado decreto, como por ejemplo, la suspensión de la regla de gasto para este año.

Asimismo, Montero ha manifestado que su intención es que la regla de gasto también pueda quedar suspendida para el año 2021, aunque esto no se abordará todavía en este decreto, como tampoco se incluirán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, el principal escollo que encontró el anterior decreto.

Medidas del nuevo decreto

En concreto, el nuevo decreto recuperará la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorio destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.

Remanentes

Por último, Hacienda reconoce que en esta iniciativa no va a incluir medidas relativas a los remanentes y lamenta que la propuesta pactada con la FEMP, que suponía, a su juicio, "poner solución a un problema estructural y complejo", no haya tenido el respaldo del Congreso. "En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse", argumenta.