La Fiscalía pide que se repita el juicio por el 'caso Bateragune'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que ordene repetir el juicio contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el 'caso Bateragune', después de que hace unos meses anulase la condena a seis años y medio de cárcel que se le impuso en 2012 en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En base a dicha sentencia, que condenó a España por la parcialidad de una jueza, el alto tribunal estimó los recursos de Otegi y los otros cuatro condenados y anuló la sentencia por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.

Vox recurrió el auto del Tribunal Supremo, y ahora la Fiscalía le da la razón al considerar "que un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal", por lo que pide a la Sala que retrotraiga las actuaciones para designar a nuevos magistrados del tribunal que celebre un nuevo juicio contra ellos.

Así lo ha anunciado a través de Twitter el propio líder del partido, Santiago Abascal, y ha confirmado la agencia EFE citando fuentes de la Fiscalía.

El abogado de la defensa, Iñigo Iruin, ha asegurado que la decisión de la Fiscalía del Supremo es "inusual", ya que el Ministerio Público de la Audiencia Nacional ya descartó la repetición del juicio. Además, recuerda el letrado, el Supremo sentenció que a nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Así, confía en que se atenderá finalmente el criterio de la Audiencia Nacional.

Los acusados cumplieron íntegra la condena

Arnaldo Otegi y el exdirigente del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia o integración en organización terrorista y otros tantos de inhabilitación, mientras que al resto -Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- les impuso 8 años de cárcel.

Al revisar la sentencia, el Supremo rebajó las penas a entre 6 y 6 años y medio de cárcel, un fallo que más tarde avaló el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabó dando la razón a los condenados al estimar que se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de imparcialidad de la magistrada que les juzgó, Ángela Murillo. Para entonces todos ellos ya habían cumplido íntegramente sus respectivas condenas.