La mayoría política y sindical vasca pide el fin del alejamiento de los presos
PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y los sindicatos ELA, LAB, CC.OO., UGT, Steilas, ESK, Hiru, Etxalde, EHNE, CGT y CNT han suscrito una declaración conjunta en la que exigen "otra política penitenciaria, que evite el alejamiento de los lugares de residencia de los presos y sus familiares y defienden "la aplicación exclusiva de una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada".
Convocados por la asciación de familiares Etxerat, representantes de estas 14 organizaciones han comparecido en el Palacio Euskalduna de Bilbao para dar a conocer esta declaración pública a la que han dado lectura Irune Berasaluze (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Raúl Arza (UGT) y Ana Pérez (Steilas).
Según han informado, remitirán el documento al lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, al presidente de la Mancomunidad Única de Iparralde, Jean Rene Etchegaray, así como al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al colectivo Friendship y a direcciones de los centros penitenciarios. También la recibirá el Parlamento Vasco y los ayuntamientos de la CAV para someterlo a su aprobación y, de esta manera, "redoblar este compromiso".
La iniciativa se produce tras una reunión el pasado mes de febrero entre Etxerat, partidos políticos y sindicatos para plantear "la urgencia de terminar con el alejamiento y la necesidad de terminar con la aún vigente excepcionalidad" en la política penitenciaria. Los firmantes de este documento se comprometieron entonces a estudiar la posibilidad de efectuar una declaración pública conjunta una vez pasado el periodo electoral.
Asimimo, en el texto se expresa, "atendiendo a la realidad abierta desde 2011" (año en que ETA anunció el fin del cese de la violencia), se expresa "todo el apoyo de la sociedad vasca" al Gobierno de España"si se decide a dar los necesarios pasos para la aplicación exclusiva de una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada a las personas presas vascas, superando definitivamente la situación actual, todavía anclada en una legislación que responde a lógicas de un pasado en fase de superación".
Los firmantes de la declaración remarcan que al alcanzar este objetivo se contribuirá "decididamente" a cerrar en la sociedad y en la política vasca una etapa relacionada con el pasado y, por otra parte, "permitirá, recordando a todas las víctimas, contribuir de una manera fundada en un nuevo tiempo de presente y futuro centrado en la convivencia democrática".
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