Hoy se firma el traspaso de las prisiones a la CAV, que afecta a 966 presos

El Gobierno español y el Gobierno Vasco firmarán hoy, lunes, el traspaso de la gestión de las tres prisiones de la CAV (Martutene, Basauri y Zaballa) al Ejecutivo vasco, aunque la transferencia efectiva no se hará hasta el 1 de octubre.

Hoy se firman en Bilbao cuatro traspasos de competencias, aunque los otros tres son menores -transporte por carretera, Código Internacional de Identificación Bibliográfica y Distrito Marítimo de Ondarroa- y el único que ha suscitado cierta polémica es el de las prisiones, cuya gestión autonómica solo la ejerce Cataluña hasta ahora.

Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años.

Desde la firma y hasta el 1 de octubre de este año, se abrirá un periodo transitorio que se va a usar para adaptar la gestión, por ejemplo, de la subrogación de los contratos de los servicios que se prestan a las cárceles.

Las personas afectadas

La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos (888 hombres y 78 mujeres). Son los de Basauri, en Bizkaia, con 149 internos; Zaballa (Alava) -la más grande y moderna-, con 623 internos, y Martutene (Gipuzkoa), con 194 reclusos.

Los tres inmuebles serán traspasados al Gobierno Vasco. Además, cuando se termine la nueva prisión de Zubieta en Gipuzkoa, esta pasará a depender del Gobierno Vasco, y a su vez éste devolverá Martutene al español, que la cerrará.

Las obras de construcción de Zubieta fueron adjudicadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo por 39 millones, con su apertura prevista en la primavera de 2023.

La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.

También se transferirá al Gobierno Vasco el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco. En experiencias anteriores de traspaso de personal de cuerpos nacionales, como el de la administración de Justicia, se produjeron subidas salariales y un aumento del uso del euskera.

El acuerdo contempla una valoración del traspaso de prisiones en 70 millones. El cálculo se ha hecho aplicando -con algún matiz- el 6,24 % -lo que paga la CAV de Cupo al Estado- a los 1121 millones que figuran en los presupuestos del Estado para Instituciones Penitenciarias. En el futuro, el Gobierno Vasco descontará esos 70 millones del Cupo anual que paga al Estado.

La cárcel de Martutene, que podría cerrar en 2023. Captura de imagen de un vídeo de EITB Media.

Las políticas que se traspasan

Se transfiere la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. La legalidad, es decir, las normas y reglamentos penitenciarios, siguen siendo la misma para todo el Estado.

Esta legislación establece que son las Juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden, por ejemplo, proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP o Vox en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de la extinta ETA. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dejó claro que los presos de ETA "recibirán el mismo trato que otros reclusos" y en el mismo sentido, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno Olatz Garamendi ha reafirmado que "vamos a aplicar la ley a todos los presos por igual".

Actualmente, en las tres mencionadas cárceles apenas hay treinta presos de ETA. Los continuos acercamientos que se han producido el último año han sido a prisiones cercanas, pero muy pocos al País Vasco.