Arranca el juicio del sumario 13/13: ocho acusados de integrar "el frente jurídico" de ETA

Arranca en la Audiencia Nacional el juicio a ocho personas acusadas de integrar "el frente jurídico de ETA, Halboka", 10 años después de la desaparición de la organización armada.

La Fiscalía acusa a las ocho personas imputadas delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboración con organización armada. En total, solicitan 86 años de cárcel.

El fiscal pide 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en 2019 "como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles".

Junto a Zulueta, que se enfrenta a 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y a otros 7 por depósito de armas y explosivos, otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión al acusarle del delito de integración como dirigente.

Ambos compartieron banquillo en 2019 en la Audiencia Nacional como responsables del órgano KT, juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía para ellos 14 años de cárcel- y la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Fueron condenados a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos. Tras serles descontado el tiempo que estuvieron en prisión preventiva a raíz de su detención en 2014 en la operación Jaque, ingresaron en prisión para cumplir los meses que les quedaban para completar la condena pactada.

Para los otros seis acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista. Se trata de Naia Zurriarain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre, Juan Mari Jauregi y Nerea Redondo.

"Juicio fuera de tiempo y lugar"

Cientos de personas en dos manifestaciones celebradas el sábado en Bilbao y Donostia-San Sebastián reclamaron el fin de los juicios como el basado en el sumario 13/13.

El pasado mayo, la defensa de los ocho encausados, con Jone Goirizelaia al frente, afirmó en rueda de prensa que el proceso "nace viciado de nulidad" porque "hay irregularidades en los registros de los despachos de los abogados, hay escuchas ilegales practicadas por el CNI, hay evidencias de torturas y malos tratos, y hay vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa".

Alfonso Zenon, uno de los abogados de los encausados, mantiene que cuando se instruyó este sumario, sus impulsores "ya sabían en 2010 lo que estaba tejiendo la izquierda abertzale: un escenario sin confrontación armada, y los enemigos de la paz sabían que estas ocho personas que serán juzgadas a partir del lunes, trabajaban para que los presos de ETA pudiesen adaptarse a ese nuevo contexto, siendo agentes activos del mismo".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga asegura que el juicio es parte de "un sumario político, que 25 años después, tiene como elemento central aquella teoría estrafalaria de 'todo es ETA' y vemos como 10 años después de que ETA decretara su final, se vuelven a traer acusaciones gravísimas de pertenencia o colaboración con banda armada".

Arzuaga considera que "es el momento de vaciar las cárceles de militantes políticos, no de llenarlas de nuevo, por lo que estamos aquí para denunciar este juicio y mostrar nuestra solidaridad política y humana con las personas que van a ser sometidas a este juicio".

En rueda de prensa el pasado mayo, Julen Zelarain, uno de los procesados en la causa, advirtió de que han pasado ya once años desde que la Guardia Civil realizara las detenciones, y denunció los "malos tratos y torturas padecidas".

Tras afirmar que la acusación principal contra muchos de los imputados es ya "cosa juzgada", después de que haber sido "condenados en anteriores casos y tener las condenas cumplidas", Zelarain señaló que se encuentran "en una autentica indefensión" que no es aceptable diez años después de que ETA diera por finalizada "la lucha armada".

En este sentido, lamentó que el Estado español se plantee "abordar el conflicto en clave represiva".

Por su parte, Nerea Redondo y Saioa Agirre leyeron un comunicado en el que indicaron que aquella operación policial -desarrollada en 2010 en diversos puntos de Euskal Herria- se produjo en un contexto "concreto", con la izquierda abertzale dedicada a "construir un nuevo escenario político sin confrontación armada", y afirmaron que ellos solo "trabajaban activamente para ayudar al colectivo de presos -EPPK- a adaptarse al nuevo escenario y convertirse en agente activo".

Por ello, denunciaron que la operación policial fue un intento de "frustrar esos propósitos" con la "implicación del CNI, sin cobertura legal y con manipulación de pruebas".

Además, incidieron en que la Audiencia Nacional sigue siendo "un instrumento de excepción para que todo permanezca anclado en el pasado" y consideraron que, por ello, "el juicio por el sumario 13/13 llega fuera de tiempo y lugar".