Ley de Memoria histórica
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Euskadi prevé castigar con multas la destrucción de fosas y la exaltación del franquismo

También la destrucción y ocultación de documentos relevantes, que describe como infracciones muy graves, y que se traducirán en multas que van desde los 10 000 hasta los 150 000 euros.
Fosa en Bizkargi. Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media

El Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi castiga con multas la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad, que describe como infracciones muy graves.

Además, entre las infracciones graves, destaca: las relativas a la no comunicación de hallazgos de restos humanos; las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.

El régimen sancionador de la norma establece infracciones muy graves, graves y leves y sus correspondientes sanciones, que se traducen en multas que van desde los 10 000 hasta los 150 000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2000 hasta 10 000 euros para las infracciones graves y de 200 a 2000 euros para las infracciones graves.

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha comparecido en rueda de prensa para comunicar la aprobación, en Consejo de Gobierno del Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi para su posterior tramitación parlamentaria.

Si bien, esta Ley no supone, en el caso de Euskadi, el inicio de la actuación pública e institucional en esta materia, en palabras de la consejera Artolazabal "esta trayectoria de décadas ha situado a Euskadi como referencia en memoria histórica y democrática. Una trayectoria a la que el anteproyecto de Ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno viene a reforzar y dotar de marco normativo".

"La verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición"

La futura ley tiene un doble fin: por un lado, promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista; y por otro, fomentar principios y valores éticos y democráticos.

En este sentido la consejera Beatriz Artolazabal ha subrayado que el anteproyecto aprobado hoy "mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos y todas".

Artolazabal ha reivindicado que "la memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación; la memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos y todas".

La ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres. A este respecto, la perspectiva de género está presente en la redacción del Anteproyecto.

"La memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación"

El Anteproyecto de recoge el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad, y en especial, a las víctimas que tienen derecho a conocer lo sucedido en la Guerra Civil y la Dictadura. Para ello, se promueven actuaciones como: el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 o el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil en Euskadi.

Respecto al derecho a la justicia, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia, detalla en su capítulo III el impulso y colaboración que se tendrá con la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales en la puesta en conocimiento de la existencia de indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas.

El anteproyecto regula el derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, para lo que prevé: por un lado, valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado por esta Administración, y en su caso, proceder a su implementación. Por otro lado, un reconocimiento individual a las víctimas mortales y el establecimiento de un día anual para el recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

Por último, el texto de la norma incide en el ámbito de la educación y las medidas para la divulgación de la memoria. En este apartado, se establece una vía esencial de colaboración con el Departamento de Educación para desarrollar herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el currículum vasco.

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