El Congreso avala la designación de Enrique Arnaldo para el TC con los votos de PSOE, PP y Unidas Podemos
Los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el PP han logrado el apoyo de los tres quintos del Congreso que exige la Constitución, aunque varios diputados han roto la disciplina de voto por su rechazo a Enrique Arnaldo.
Ha sido este jurista propuesto por el PP quien menos votos ha reunido -232-, seguido de la otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel (237), y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, que han reunido 240 votos.
Varios portavoces han criticado a Unidas Podemos por unir su voto al tradicional reparto de cargos del bipartidismo y formaciones aliadas del Gobierno español en el Parlamento, como ERC, el PNV, EH-Bildu o BNG, han decidido no participar en la votación como signo de protesta, opción que también ha elegido Vox y Ciudadanos.
La votación ha sido secreta y por vía telemática, por lo que no ha quedado registrado el sentido de voto de cada diputado. Pero uno de ellos, el socialista Odón Elorza, ha reconocido en redes sociales que no ha apoyado a Arnaldo.
También se esperaban fugas en Unidas Podemos, dos de cuyas diputadas, Gloria Elizo y Meri Pita, habían escrito un artículo en contra de este acuerdo con el PP, aunque ninguna de ellas ha desvelado su posicionamiento final.
El origen de la polémica
En concreto, el pleno ha elegido a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, seis del Tribunal de Cuentas y a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, tras el pacto cerrado por el PP y el PSOE para la renovación de todos los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La polémica se generó en torno a las dos personas propuestas por el PP para el Constitucional: Concha Espejel y el propio Enrique Arnaldo.
Espejel fue apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP, mientras que Arnaldo ha colaborado con FAES, estuvo investigado en el caso en torno al sobrecoste del velódromo Palma Arena y según han publicado algunos medios apareció en las grabaciones de la UCO en el caso Lezo en una conversación con el expresidente madrileño Ignacio González.
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