El exalcalde de Alonsotegi y el resto de acusados aceptan los delitos de corrupción y devolverán lo defraudado

El alcalde de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), el arquitecto que trabajaba para el Ayuntamiento vizcaíno y dos responsables de una empresa constructora han llegado a un acuerdo con las acusaciones para devolver el dinero defraudado y aceptar una pena de dos años de prisión, por lo que no entrarán en la cárcel.

Los cuatro se han declarado culpables de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no ejecutaron. Asimismo, devolverán el dinero defraudado, que asciende a 681 000 euros más los intereses.

El informe de la Fiscalía sostenía que en 2011 los acusados se pusieron de acuerdo para reportar un beneficio económico a una constructora y así el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Diputación de Bizkaia para la reparación de unos supuestos desperfectos causados por la lluvia, pero en realidad, usó esa partida para pagar a la empresa con la que el consistorio tenía una deuda por una obra realizada en 2008.

En su declaración en instrucción, Erezuma reconoció que se pagaron unas obras que "no se realizaron", si bien aseguró que no supuso perjuicio económico para el Ayuntamiento de Alonsotegi.

El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo de octubre de 2019 observó que había indicios "suficientes" de que el exalcalde de Alonsotegi, junto a dos arquitectos, un aparejador y dos responsables de Laneder Construcciones, planearon obtener una subvención de 600.000 euros de la Diputación Foral y otra de 81.000 euros del consistorio para pagar unas obras que nunca se ejecutaron.

De esa manera, los encausados falsearon la existencia de desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias caídas entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011 para justificar su reparación.

Elaboraron tres expedientes con informes que certificaban los daños "inexistentes" y que requerían de reparación urgente en el muro de contención de la carretera Bilbao-Balmaseda, del muro de contención del centro de salud y del sótano del edificio del consistorio.

Con la subvención de 600.000 euros recibida de la Diputación pagaron a la constructora la deuda que tenía el Ayuntamiento por las obras anteriores del centro de salud.

Ahora, en la víspera de la celebración de la vista oral, los procesados han llegado a un acuerdo con las acusaciones para devolver conjuntamente todo el dinero defraudado más 200.000 euros en intereses, por lo que el juicio ha sido suspendido a petición de las partes.

Según han confirmado fuentes de EH Bildu, que ejerce la acusación popular, en el acuerdo los procesados asumen un delito de prevaricación y otros de falsedad documental y fraude, por los que se han acordado una pena de 10 años de inhabilitación y dos años de cárcel, y al no tener antecedentes no tendrán que ingresar en prisión.

Además, conjuntamente devolverán los 681.000 euros defraudados más 200.000 euros por los intereses.

EH Bildu pedía una pena de hasta 8 años de cárcel, mientras la Fiscalía reclamaba una condena de seis años por delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad en documento oficial.