El Gobierno español propone un cambio legal para desbloquear la elección del CGPJ y el Constitucional

El PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes dos enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para desbloquear el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha avanzado este jueves eldiario.es.

La primera enmienda reformará la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple.

Según el citado diario, la modificación incluye un nuevo redactado del artículo 599.1.1ª de la ley del Poder Judicial para que en un plazo de cinco días hábiles, "los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional", con un máximo de un candidato por cada vocal.

Así, de acuerdo a la enmienda, cerrado el plazo de candidaturas, la persona al frente de la presidencia, "tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados", que tendrá que celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria".

En el pleno las candidaturas se someterán a votación de los vocales presentes, sin obligación de un quorum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. Así, cada vocal podrá votar a un solo candidato, resultando elegidos los dos magistrados que hayan obtenido un mayor número de votos, y no tres quintos de los emitidos, como ocurría hasta ahora, explica eldiario.es, que indica que el Ejeutivo español cree que el bloqueo actual se resolvería en unos 11 días hábiles desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, para asegurar la renovación, se ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".

La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".

De esta manera, se termina con el debate sobre si la renovación por tercios, que en este caso es de dos elegidos por el Gobierno y dos por el máximo órgano de gobierno de los jueces, debe hacerse conjuntamente, y se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados.

También, se agrega un apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional por la que el Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno sean los que estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumple con los requisitos, al tiempo que se estipula una nueva causa de cese, según la enmienda, "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución".

Con estas enmiendas, el Ejecutivo asegura el desbloqueo de las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

El bloque conservador pide un Pleno extraordinario

Así las cosas, el bloque conservador del CGPJ se ha reunido este mismo viernes, y ocho de sus diez vocales han acordado solicitar al presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del TC antes de que la reforma quede aprobada.

Sin embargo, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo "vergonzoso" sería que "nadie hiciera nada" para intentar remover los obstáculos que impiden el normal funcionamiento de las instituciones. Además, desde el sector progresista se entiende que "lo razonable" ahora mismo sería, incluso, esperar a que la referida reforma sea una realidad, para llevar a cabo cualquier votación en el CGPJ sobre los dos candidatos al TC.

En este contexto, ambos bloques están pendientes de Mozo, ya que es quien debe convocar el Pleno extraordinario en un plazo de tres días a contar desde el lunes. Esto supondría adelantar el calendario fijado, porque estaba previsto que en el Pleno ordinario del 22 de diciembre se votara por primera vez los dos candidatos al TC.

Según las citadas fuentes, los vocales progresistas amenazan con votar en blanco en ese Pleno extraordinario, para esperar a las nuevas normas. Eso significaría exceder también el Pleno ordinario, dado que el Congreso podría aprobar la reforma la próxima semana, pero el Senado necesitaría hasta final de mes.

En opinión de los vocales progresistas, si el bloque conservador no tenía ninguna "prisa" para cumplir con esta obligación constitucional, ahora no hay motivo para acelerar, y menos cuando se prevé que diputados y senadores cambien las reglas de votación.