El Congreso aprueba la reforma del Constitucional y del Código Penal en un pleno de alta tensión

La reforma impulsada por el Gobierno de España para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso, entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, que, finalmente, ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.

PP y Ciudadanos han decidido no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor, los de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Unidas Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC. Vox ha votado en contra.

El objetivo del Gobierno de España es que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del "procés" y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año. Está previsto que la votación en el Senado se lleve a cabo el día 22.

El recurso del PP ante el Constitucional, para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional, a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición, ha unido a la izquierda, que ha acusado a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas.

"Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas", les ha espetado el portavoz socialista, Felipe Sicilia. "Ya no entran con pistolas, entran con togas", ha subrayado desde ERC Gabriel Rufián. "Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F", ha coincidido Jon Iñarritu, de EH Bildu.

Discursos muy duros de PP, Vox y Ciudadanos

Con discursos muy duros, PP, Vox y Ciudadanos han denunciado, por su parte, la tramitación exprés de una reforma que afecta a tres leyes orgánicas y está hecha "a medida" de los dirigentes independentistas, y han acusado de "cobarde" a Pedro Sánchez, por no asistir al Pleno.

"Sigan presentando recursos, que nosotros seguiremos presentando leyes para mejorar la vida de la gente, y para defender los intereses de España en Bruselas, que ahí está el presidente del Gobierno", ha respondido Sicilia, quien ha dedicado su intervención a cargar contra el PP, sin mencionar apenas las reformas en marcha.

Con la Constitución en la mano, y también con el programa electoral del PSOE, Cuca Gamarra (PP) ha repasado los nombres de los políticos catalanes beneficiados por la reforma penal, y ha avisado al Gobierno de España de que esto "no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas, que se frotan las manos y aplauden".

Aunque los diputados de Vox se han ausentado del Pleno, Javier Ortega Smith ha subido a la tribuna para denunciar lo que ha tachado de "golpe de Estado" desde dentro de las instituciones, la "amnistía encubierta de todos los golpistas" y el "inaceptable clima de violencia y amenaza" desde la extrema izquierda contra el Constitucional y el poder judicial.

En el lado opuesto, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha apoyado una iniciativa que, ha dicho, rectifica la política de Estado que se siguió en Cataluña y supera "el espúreo bloqueo" del CGPJ por parte el PP: "La convivencia en ocasiones reclama medidas excepcionales, y los bloqueos institucionales también".

Aunque han visto la norma insuficiente, tanto Junts como EH Bildu han dado su voto a favor, al contrario que el PDeCAT, que ha rechazado la reforma porque el 1-O "no fue delito" y se seguirá persiguiendo penalmente a líderes independentistas catalanes.