El juez Llarena retira el delito de sedición a Puigdemont

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha retirado el delito de sedición al expresidente catalán Carles Puigdemont, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. Llarena es precisamente el juez que instruye la causa por el referéndum del 1-O de 2017 en Cataluña.

Según ha informado el Tribunal Supremo, tras la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición se plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados, al no encajar en desórdenes públicos.

Asimismo, ha dejado sin efecto las euroórdenes actuales por sedición pero ordena la busca y captura de Carles Puigdemont y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig por malversación y desobediencia.

Además, ha pospuesto la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.

Por último, el delito por el que están procesadas Marta Rovira y Clara Ponsatí pasa a ser desobediencia.

Reacciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorado esta mañana la decisión del magistrado Pablo Llarena. "Antes se pedía la extradición por tres delitos, y ahora por dos. Cae el más grave", ha sostenido en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio.

Aragonès ha explicado que no conoce el detalle de la decisión de Llarena, y ha expresado el "máximo respeto a la estrategia de defensa de todos los represaliados, también del presidente Puigdemont".

Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha recordado que Puigdemont sigue teniendo una condena pendiente, al igual que otros condenados por el procés catalán, y que deberá responder ante la justicia española cuando vuelva al Estado.

Además, la portavoz ha incidido en que la reforma del Código Penal se ha homogeneizado y armonizado con el resto de la legislación penal europea, lo que constituye un compromiso que tenía España con los demás estados de la eurozona.

En referencia a las herramientas que tendría el Estado ahora para frenar otro 1 de octubre, la ministra de Política Territorial ha destacado que la Cataluña actual no es la misma que en 2017 y que el mejor instrumento en política es el diálogo.

8 días de plazo para alegaciones

El tribunal que juzgó el 'procés' ha dado un plazo de 8 días a las acusaciones y defensas de los condenados por el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 para que hagan las alegaciones que consideren pertinentes sobre el efecto que la reforma penal que ha entrado este jueves en vigor para eliminar la sedición y modificar la malversación pueda tender en la condena.

Así se lo ha comunicado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) en nueve providencias referidas a cada uno de los condenados a pena de cárcel, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.