Sare exige "el fin de toda expresión de excepcionalidad" en la política penitenciaria

La red ciudadana Sare ha manifestado su compromiso por "trabajar por la paz, convivencia y resolución" lo que exige "el fin de toda expresión de excepcionalidad" con la que, "muchos años después" del fin de la actividad de ETA, "se continúa vulnerando los derechos de los presos". Además, ha mostrado su voluntad de "profundizar en los consensos en el ámbito político, sindical y social".

En una comparecencia en la plaza del Buen Pastor de San Sebastián, los portavoces de Sare Joseba Arkarraga y Bego Atxa han manifestado que la sociedad vasca ha venido reclamando durante más de 34 años el fin de la política de alejamiento, por considerarla "cruel e inhumana y ser contraria a los derechos fundamentales, de acuerdo con una jurisprudencia ya consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Una política penitenciaria "causante de mucho dolor y sufrimiento", que exige "a todos y todas", la reparación de quienes fueron víctimas de la misma.

En ese sentido, han lamentado que la superación de esta política de alejamiento "no ha traído consigo el fin de la vulneración de los derechos" de las personas presas.

Sare ha criticado que la fiscalía y los tribunales de justicia se han convertido "en un poder político en sí mismo" y han incidido en que una parte de ellos "está poniendo en cuestión de forma sistemática la política penitenciaria seguida por las autoridades competentes en la CAPV, corrigiendo las decisiones que se adoptan por las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, en demérito de los presos al oponerse a las decisiones relativas a las progresiones de grado y permisos penitenciarios".

En su opinión, "no están actuando en defensa de las personas presas con criterios jurídicos, sino en base a unas decisiones que trasladan una perspectiva de la política penitenciaria basada en la venganza, el odio y la falta de respeto de la legalidad".

En esa línea, han recordado que, tras serle transferida la competencia, el Gobierno Vasco lleva 18 meses desarrollando su política penitenciaria y ha detallado que "son 42 los reclusos que han visto aprobada su progresión a tercer grado", pero a 28 de ellos "se les ha recurrido dicha decisión y 12 han vuelto a ser ingresados en prisión en régimen de segundo grado".

Tras resaltar que desde la Red Ciudadana Sare "en ningún momento" han solicitado "privilegio alguno para estos presos", han incidido en que se han limitado a "exigir la aplicación de una política penitenciaria ordinaria que pusiera fin a las vulneraciones de derechos".

"A quienes, intencionadamente, confunden esta exigencia con la impunidad, cabría recordarles que nos estamos refiriendo a personas que llevan una media de 20 años ya privadas de libertad o incluso varios de ellos con cumplimientos de más de 30 años de prisión", han precisado.

Azkarraga y Atxa han resaltado que la legislación penitenciaria "en ningún caso dice que tengan que cumplir condenas dentro de los muros de la prisión hasta el último día, sin acceso a modalidades de cumplimiento en régimen abierto, con mayor contacto con la sociedad a la que pertenecen". "Es una exigencia democrática que no puede ser boicoteada constantemente por tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional", han añadido.

En ese sentido, han opinado que, "una vez que se les ha reconocido su derecho a cumplir condena cerca del domicilio familiar, estando ingresados en centros penitenciarios sitos en Euskal Herria, debe cesar la política que impide tener una práctica penitenciaria que respete sus derechos, en especial a la libertad condicional o semilibertad".

Han recordado que, "han pasado más de 12 años desde que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad armada y más de cuatro desde que decidió su autodisolución. Tiempo más que suficiente -han señalado- para que las actitudes y legislaciones se pongan al servicio de la paz, la convivencia y la resolución". 

Desde Sare han considerado que su reivindicación es "absolutamente compatible con la necesaria solidaridad y respeto que deben sentir todas las víctimas de todas las violencias ejercidas en nuestro país". "A todas ellas les debemos respeto y no la utilización partidista que de su dolor se está haciendo, como arma arrojadiza contra el contrario", han subrayado.

Finalmente, han asegurado que la red continuará trabajando "por un relato inclusivo de la vulneración de derechos que se han producido en nuestro país" porque "no puede haber víctimas de primer o segundo nivel" y es "la única forma de construir una sociedad en convivencia".