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El Parlamento Vasco aprueba hoy la Ley de Memoria Histórica y Democrática tras más de dos años de tramitación

La ley tiene un doble fin: por un lado, promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista; y por otro, fomentar principios y valores éticos y democráticos.
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La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que refuerza las políticas y acciones para reparar la memoria de las víctimas del golpe militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, quedará aprobada hoy en una sesión que arrancará a la 09:30 horas.

Más de dos años después de la aprobación de este proyecto de ley por parte del Gobierno Vasco, las víctimas dispondrán de una regulación autonómica que les ampare tras un largo debate parlamentario que ha conseguido unir en un texto común, tras la introducción de varias enmiendas, a PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que suman 68 de los 75 parlamentarios. PP, Vox y Cs no apoyarán la nueva norma.

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El objetivo de la norma es regular las políticas públicas para la Memoria Histórica con el fin de promover la "reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa".

Consolida normativamente y amplía el volumen de actuaciones en esta materia desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978, de elaboración de un censo de víctimas mortales o de localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.

La creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi y de un Centro Documental, y la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica son otras de las novedades del documento.

Asimismo, la nueva norma castiga con multas la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad, que describe como infracciones muy graves.

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