Claves de la ley vasca de memoria histórica

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aprobada con amplia mayoría por el Parlamento Vasco, regulará y dará base legal a las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Establece para ello, nuevas acciones encaminadas al reconocimiento y reparación de las víctimas e incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 150 000 euros por actos muy graves que atenten contra la memoria.

La norma nace con un doble objetivo. Por una parte, "promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra civil y la Dictadura". Por otra parte, fomentar principios y valores éticos y democráticos.

La ley reconoce como víctimas a las siguientes personas y colectivos: personas fallecidas en bombardeos, ejecuciones extrajudiciales o muertas en prisión y en "defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista". También aquellas que padecieron prisión, tortura, deportación, trabajos forzosos o fueron internadas en campos de concentración; las personas exiliadas, represaliadas o las que sufrieron represión económica. También se consideran víctima partidos políticos, sindicatos o movimientos feministas, entre otros colectivos. La norma cita también a aquellas personas sufrieron represión por razón de su ideología y profesión, con mención especial a las maestras y los maestros de la Segunda República. El texto también reconoce a las personas que sufrieron represión por razón de orientación sexual o por su pertenencia a una minoría étnica, así como aquellas que fueron perseguidas por el uso del euskera.

A todas ellas se les podrá reconocer su carácter de víctima a través de un documento personalizado de carácter institucional, emitido por el Gobierno Vasco. Además, se prevé fijar fija, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura.

Centralidad del Instituto Gogora

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, adquiere galones y se convierte en el organismo nuclear para velar por la memoria histórica en Euskadi. Corresponderá al instituto liderado por Aintzane Ezenarro culminar el informe-base de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante el 1936-1978. Con los datos recogidos, elaborará una base de datos, que será pública, de víctimas mortales registradas durante la guerra civil y la posterior dictadura.

Será la propia Gogora quien apoye a la víctimas que deseen acudir a la Justicia o quien promueva la localización, exhumación y, en su caso, identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. A este respecto, se recogerá el ADN de los restos óseos procedentes de las exhumaciones para crear un sistema de banco de datos de ADN.

Asimismo, el proyecto prevé que, durante este primer año de vigencia de la ley, se estudie si es pertinente y viable conceder indemnizaciones económicas complementarias "a las ya materializadas en el pasado" por el Ejecutivo vasco.

El instituto prevé trazar un mapa con Lugares, Espacios e Itinerarios de Memoria Histórica de Euskadi.

La norma recoge qué símbolos son considerados contrarios a la memoria histórica, y fija los cauces para su retirada:

Régimen de sanciones

Una de las grandes novedades de la ley es que establece multas que van desde los 2000, para infracciones leves, hasta los 150 000 euros por infracciones muy graves. El régimen sancionador penaliza la reincidencia, ya que las infracciones subirán de nivel (de leve a grave, o de grave a muy grave) en ese caso.