Fiscalía retira la acusación por malversación y pide 3 años para tres de los acusados en el caso Alonsotegi

El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por malversación para tres de los cuatro procesados por el cobro de una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia para unas obras que no se ejecutaron en Alonsotegi (Bizkaia), pero mantiene las acusaciones por prevaricación en grado de colaboración, falsedad documental y fraude, por lo que solicita 3 años y seis meses de pena, mientras que para una cuarta encausada pide la absolución.

De esta manera, el fiscal del primer juicio que se ha celebrado este martes en la sección sexta de Audiencia Provincial de Bizkaia por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi ha modificado sus conclusiones y sus peticiones de pena para el arquitecto y dos representantes de la empresa Laneder, de forma que retira su acusación por malversación, pero pide tres años y seis meses por falsedad documental, prevaricación en grado de colaboración y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no se ejecutaron.

Para otra de las acusadas, que en la fecha de los hechos denunciados prestaba servicios al Ayuntamiento de Alonsotegi como arquitecta asesora municipal con un contrato menor de servicios para la asistencia técnica, ha retirado todas las acusaciones y pide en su informe final la absolución.

Por su parte, El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha declarado  que no recuerda haber firmado la orden foral por la que la Diputación de Bizkaia concedió en 2012 una subvención de 600 000 euros al Ayuntamiento de Alonsotegi para unas obras que no se ejecutaron.

Aburto ha declarado como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Bizkaia por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi, en el que está procesado el exalcalde de Alonsotegi (Bizkaia) del PNV entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, ya fallecido, y también acusados dos responsables de una constructora, un arquitecto y una asesora municipal. A todos ellos se les atribuyen delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras por unas inundaciones que no ejecutaron.

Según las acusaciones, la ayuda no se utilizó para esa finalidad, sino para pagar a una empresa constructora una deuda que el Consistorio había contraído por una obra.

Por estos presuntos delitos, los acusados se enfrentan a una petición de penas por parte de la Fiscalía de seis años de cárcel para cada uno, mientras que EH Bildu, como acusación popular, pide ocho años de prisión para cada uno de los encausados.

El actual alcalde de Bilbao era, en el momento de los hechos que se juzgan, en febrero de 2012, diputado de Presidencia en la Diputación de Bizkaia. El regidor bilbaíno ha asegurado que no recuerda haber firmado "esa subvención en concreto, porque cada semana firmaba cientos de órdenes forales", aunque ha reconocido su firma en la orden foral.

Juan Mari Aburto ha afirmado que entiende que "se realizó conforme al procedimiento establecido, ya que, si normalmente los expedientes tienen la firma de los responsables correspondientes, tienen habilitación suficiente para firmar las órdenes forales".

El alcalde tampoco recuerda si se reunió con Erezuma ni con el resto de los acusados.